Spanair denuncia en Bruselas supuestas ayudas del Estado a Iberia

Spanair presentó el pasado miércoles 1 de junio ante los órganos de competencia de la Unión Europea una denuncia por la supuesta concesión de ayudas encubiertas a Iberia por parte del Estado español. Según los términos de la denuncia, estas subvenciones ascienden a los 6.000 millones de euros invertidos en la construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas, adjudicada en exclusiva a Iberia y sus socias por parte del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

El presidente de Spanair, Gonzalo Pascual, quien asistió en Nagoya a la reunión bianual de Star Alliance, precisó que el importe de esta subvención de estado es de 6.000 millones de euros que se han invertido, con el dinero público, en la nueva terminal de Barajas, para beneficiar a una sola compañía.

Dicha demanda forma parte de "una batería jurídica" presentada por Spanair tanto en Bruselas como en Madrid, que ha sufrido una demora, debido a que AENA ha tardado "muchísimo, hasta agotar todos los plazos", en entregar la documentación requerida.

Gonzalo Pascual agregó que, en los informes remitidos, los propios expertos de AENA señalan "la ilegalidad" que supone el hecho de otorgar a una compañía en exclusiva la explotación de unas instalaciones pagadas con el dinero público, es decir, con el de todos los pasajeros y el resto de las aerolíneas, que no podrán disfrutar de ellas.

Todas las acciones jurídicas llevadas a cabo por Spanair conducen, según Pascual, "en primer lugar, a restablecer lo que nosotros pensamos que ha sido un atropello", porque un organismo, AENA, "se desdice de lo que había acordado previamente, debido a un cambio de gobierno".

Asignación discriminatoria

El nuevo Consejo de Administración de AENA, nombrado por el nuevo Gobierno, revoca la decisión tomada por el anterior, en 2003, para hacer una nueva asignación, que "consideramos absolutamente discriminatoria y fuera de lugar".

A su juicio, la prueba de ese "contrasentido" es que la justificación de la primera adjudicación de distribución era muy extensa, mientras que la segunda, que "se debía haber justificado igual", fue muy escueta.

Ante estos datos, a Pascual "no le cabe duda" de que se trata de una ayuda encubierta, además de "una posición de atropello", porque nunca en la historia se haya hecho que desde un organismo público se tome un acuerdo, para después revocarlo "de repente porque haya un cambio de gobierno".

En su opinión, esta situación, "como mínimo, crea una inseguridad jurídica, y ese ejemplo en un grupo de compañías como es Star Alliance, con un alcance global, nos ha retraído a tiempos que pensábamos que en España estaban ya desaparecidos".

La "multitud de presentación" hecha por Spanair está coordinada por el secretario del Consejo de Administración de la compañía, Alvaro Klecker, además del despacho de Santiago Martínez Lage, "que nos dio el tema de la competencia", y Price Waterhouse.

La compañía ha hecho, asimismo, unos exhaustivos estudios para demostrar que lo que impugna cuenta con una sólida base, como es el hecho de que estar en la terminal T-1, "la más obsoleta", le supone unos costos de rodadura "muy superiores, del orden de 20 millones de euros anuales, entre el costo nuestro y el inducido con nuestros pasajeros".

20% del tráfico total

Pascual ha indicado que el tráfico de Spanair representa el 20 % del total de Barajas, por lo que se le debiera adjudicar el mismo porcentaje. No obstante, matizó que el anterior reparto, que le daba a Spanair el 16%, tampoco se correspondía con el volumen de su tráfico, pero "como las instalaciones son tan enormes, había sitio para todo, por lo que no protestamos".

Pascual ha puntualizado que no tiene "nada contra Iberia" y añadió que en una ocasión, incluso, le felicitó a su Consejero Delegado, Angel Mullor, "por haber conseguido, en el pleno siglo XXI, algo increíble, un bien público en exclusiva", pero "creo que eso es ilegal", insistió.