Alitalia contempla 3.100 despidos en su último plan de saneamiento
Los representantes sindicales aseguran que no aceptarán que el ahorro se haga a costa de una reducción de personal
El consejero delegado de Alitalia, Marco Zanichelli, ha presentado a los sindicatos su último plan de saneamiento que, entre otros aspectos, prevé 1.100 despidos directos y la cesión de otros 2.100 a empresas vinculadas a la aerolínea, que les haría convertirse en externos. Los representantes de los 22.000 trabajadores en plantilla ya han anticipado que no aceptarán una reducción de personal para aligerar costes. El pasado ejercicio, la compañía perdió 375 millones y abunda en ellos este comienzo de año.
El Consejo de Ministros italiano ha debatido la situación del sector aéreo, pero ha decidido aplazar una semana la aprobación de medidas de relanzamiento. El Gabinete presidido por Silvio Berlusconi proyecta un decreto para ayudar a las compañías nacionales que contendrá diversas medidas, entre las que se maneja la opción de reducir las tasas de despegue, sobrevuelo y aterrizaje o algún tipo de intervención sobre el coste del carburante.
Compromiso gubernamental
El futuro de Alitalia es, desde hace semanas, objeto de polémica en el Gabinete, máximee por la posición del ministro de Economía, Giulio Tremonti, cuyo departamento tiene la mayoría de las acciones de la empresa, con el 62%.
Un caso más concreto es el de Alitalia, cuyo futuro es desde hace semanas objeto de polémica en el Gabinete, en especial por la posición del ministro de Economía, Giulio Tremonti, cuyo departamento tiene la mayoría de las acciones de la empresa, con el 62%.
"El Gobierno ha confirmado la voluntad de intervenir y Tremonti está de acuerdo", confesó el responsable de Trabajo, quien admitió ante la prensa que la actitud de las semanas anteriores "ha podido generar la duda de si el Ejecutivo quería mantener el compromiso". Aseguró también que las medidas que se planteen "serán compatibles con las normas europeas sobre la competencia" y, por tanto, no ayudas de Estado inaceptables en la UE.
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