El Congreso aprueba definitivamente la nueva Ley del Mercado de Valores
El texto obligará a las cajas a informar sobre los créditos a partidos políticos
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy definitivamente el proyecto de ley del Mercado de Valores, con el apoyo del PP, CiU y Coalición Canaria, y a pesar de las críticas vertidas por el PSOE en contra de las obligaciones impuestas a las cajas de ahorro.
Este texto legislativo, que reforma la anterior Ley del Mercado de Valores de 1988 y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, obligará a las sociedades cotizadas y a las cajas de ahorros a cumplir nuevos deberes de información y gobierno corporativo, y establecerá obligaciones para sus administradores.
La nueva normativa obligará a las cajas de ahorros a informar sobre los créditos concedidos a los partidos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y en las asambleas parlamentarias autonómicas, y a aquellas instituciones públicas que hayan participado en el proceso electoral de la entidad.
La Ley se ha elaborado a partir de las recomendaciones de la denominada Comisión Aldama. En un principio sólo estaban dirigidas a las sociedades cotizadas, pero finalmente se han incluido a las cajas de ahorros por su relevancia en el sistema financiero español. La nueva normativa exige a las sociedades cotizadas y a las cajas de ahorros la publicación, a partir de 2004, de un informe anual corporativo.
Informe anual
Las Comunidades Autónomas, que están presentes en los consejos de administración de las cajas de ahorros, mantendrán ciertas competencias para exigir los contenidos del informe corporativo que consideren oportunos. Este informe anual deberá incluir, como mínimo, la estructura de la administración de la entidad, las operaciones vinculadas y las operaciones intragrupo, los sistemas de control del riesgo y el funcionamiento de los órganos de gobierno.
El documento también tendrá que hacer públicas las retribuciones totales de sus consejeros (sueldos, dietas y otro tipo de remuneraciones), así como las obligaciones contraídas en materia de pensiones y los pagos de primas de seguros de vida, en el caso de las cajas.
La representante del PSOE Maite Costa aseguró que esta Ley establece un "marco regulador fuertemente intervencionista" y criticó la "política de acorralamiento" y el "trato discriminatorio" del PP y el Ministerio de Economía hacia las cajas de ahorros. Según Costa "lo que no se exige a las cotizadas", incluidos los bancos, "se exige a las cajas".
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