Poco empleo y mucha deuda

Un empleo. Eso es lo que pedía un hombre con síndrome de Down el pasado día 20 de enero en un vídeo en el portal Youtube. Una semana más tarde contaba con cerca de 200.000 visitas. Se presenta como Luis Castro Martín, de 35 años. Explica que busca trabajo y que contratarle puede suponer beneficios fiscales a cualquier empresario que le dé empleo. Pero, el protagonista no se llama Luis, ni busca empleo, porque -afortunadamente- lo tiene en una empresa catalana de servicios. El audiovisual es en verdad un anuncio de la última campaña de sensibilización de la Fundación ONCE.

Con ella, la organización de ciegos denuncia las enormes dificultades de las personas con discapacidad para lograr empleo. Ni las administraciones públicas ni las empresas cumplen su obligación: las primeras deben reservar el 3% del empleo público a los discapacitados mientras las compañías privadas de más de 50 trabajadores deben destinar el 2%. Pero solo medio centenar de compañías lo cumple (entre ellas, Vips, Acciona o Fenosa). El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI, agrupa al grueso de organizaciones del sector) comparte esta visión. Este periódico intentó, sin éxito, contrastar los niveles de cumplimiento con el Ministerio de Empleo.

Solo medio centenar de grandes empresas reserva puestos de trabajo

Izaskun Buleta Serrano, madrileña de 32 años, es una de las excepciones. Y eso, gracias a salir en televisión. En el programa televisivo de TVE, "¿Tengo una pregunta para usted?", esta mujer le preguntó al entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, sobre la situación de los discapacitados y su integración en el mundo laboral. Después de pasar por la pantalla, la Fundación Ideas, socialista, le ofreció un puesto de auxiliar de administración.

La Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas Discapacitadas, de 2003, permite que las compañías sustituyan la reserva del 2% de empleos por la financiación de fundaciones, escuelas u organizaciones o por la contratación de servicios con empresas de inserción laboral -lavanderías, gasolineras...-. Si no cumplen ninguna de las opciones, las compañías se arriesgan a multas de 300 a un millón de euros.

En un país que acaba de alcanzar una tasa de paro del 22,8%, los expertos consultados creen que es mayor entre las personas con discapacidad. El último dato oficial cifraba el desempleo de los discapacitados en el 23,3%, pero es una cifra de 2008, de tiempos de bonanza. No obstante, la tasa de actividad es del 35,5%.

Paco sí ha conseguido trabajo. Con leve discapacidad psíquica, trabaja "muy a gusto" en un restaurante. Pero su caso, como el de Izaskun, son aislados. La realidad a la que se enfrenta la mayoría de los discapacitados es muy distinta: a la falta de empleo se suma, además, el tijeretazo en ayudas y prestaciones sociales.

Según los últimos datos ofrecidos por el CERMI, las administraciones, principalmente las comunidades autónomas y en menor medida los ayuntamientos y las diputaciones, deben casi 189 millones de euros a las personas con discapacidad. Esta deuda obedece a las prestaciones y ayudas ya concedidas, pero aún sin abonar a los beneficiarios. De esta cuantía, casi 60 millones de euros corresponden a subvenciones para eliminar barreras físicas. Los retrasos llegan en algunos casos a los 24 meses. "No dejaban de darme largas", recuerda Marina San Millán. Tuvo que esperar casi un año y medio hasta recibir una prótesis que acaba de estrenar en su anquilosada mano izquierda.