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COLUMNA

El sindicato del poder

Las mayorías son cambiantes en democracia. Pero, gobierne el partido que gobierne, hay una constante: la exquisita sensibilidad hacia los demás poderes con los que comparte temporalmente mesa y mantel. Cuando un miembro de un Gobierno es imputado, cuando un agente del orden es acusado de excesos, cuando un financiero es apuntado como evasor de impuestos o cuando un juez es señalado como prevaricador -Baltasar Garzón parece ser la gran excepción a esta regla de oro-, el estribillo machacón es el del máximo respeto a la presunción de inocencia. La sombra de la sospecha, en cambio, recae sobre aquel que se pregunta por qué los desahucios circulan por las vías de gran velocidad y el caso Palau, por poner un ejemplo, va no ya a ritmo de caracol, sino de tren regional Barcelona-Puigcerdà.

El sindicato del poder parece resistirse a dejar de ser corporativo ante la corrupción de los más fuertes

En la historia reciente se han escrito páginas brillantes de cómo a veces los políticos premian actitudes no ya poco edificantes, sino en ocasiones claramente delictivas. Corría el año 1994 cuando Convergència i Unió decidió enviar al magistrado Luis Pascual Estevill al Consejo General del Poder Judicial, ejerciendo su cuota en el organismo de gobierno de los jueces. Solo resistió dos años en el organismo. Comenzaron a lloverle querellas por prevaricación, cohecho, extorsión y detención ilegal. La modalidad que el magistrado, ahora entre rejas, patentó a principios de los noventa consistía en extorsionar a empresarios a los que investigaba en su carácter de juez. Para no ingresar en prisión o para salir de ella en pocos días, los empresarios accedían a que el abogado Joan Piqué Vidal los defendiera y a abonar diversas cantidades de dinero al juez y al abogado. Piqué Vidal, que fue abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, cumple también condena por su participación en aquellos hechos. Una de las últimas consecuencias de la actuación de Estevill ha coleado recientemente. Se trata del indulto que el Gobierno progresista de Zapatero, ya en funciones a finales de 2011, concedió al banquero Alfredo Sáenz de la condena por un delito de acusación falsa y denuncia falsa contra cuatro empresarios para los que el juez Pascual Estevill dictó prisión.

¿Nadie sabía en Cataluña qué hacían personajes de gran honorabilidad como Estevill o Piqué? Al parecer, no. Unos años después la ignorancia sigue instalada entre buena parte de nuestros políticos. El caso Palau fue otra sorpresa. La Agencia Tributaria cifra en 35,3 millones de euros el supuesto fraude cometido por los saqueadores confesos Millet y Montull. De esos 35,3 millones, 5,9 podrían haber ido a parar a las arcas de la federación nacionalista supuestamente abonadas por la constructora Ferrovial en comisiones ilegales de hasta el 4% del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por los Gobiernos de CiU. No obstante, cualquier alusión a esta supuesta financiación irregular es calificada de comportamiento inquisitorial por quienes ahora ejercen el poder en Cataluña.

Tenemos, pues, ante nuestras narices suficiente jurisprudencia como para tratar de evitar nuevos casos y sobre todo no cerrar los ojos ante ellos. El pasado 9 de diciembre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de Cataluña se comprometían a luchar contra la corrupción. Actuaba como anfitrión de esta cumbre el nuevo director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso. Apenas ha pasado un mes y la oficina investiga si hay o no incompatibilidades o irregularidades en la actividad de altos cargos del sistema público de salud que tienen intereses en el sector privado. Se trata del presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, y del presidente del Consorcio de Salud de Cataluña, Ramon Bagó, que Antifraude investiga a partir de las informaciones publicadas por este diario y cuyas prácticas hunden sus raíces en anteriores Gobiernos, ya tripartitos, ya de Pujol. De Alfonso también ha puesto bajo la lupa los 11 millones de deuda que ha generado el complejo residencial Sitges Reference, proyecto ejecutado cuando aquel Ayuntamiento estaba gobernado por el PSC.

El inicio de Antifraude es prometedor para la transparencia, porque una situación de crisis exige ejemplaridad. No se pueden pedir grandes esfuerzos al común de los mortales y mostrar la cara indulgente con los poderosos. Y de momento, todavía hay demasiada asimetría. Como si el sindicato del poder se resistiese a dejar de actuar de forma solidaria y corporativa en defensa de sus intereses.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de enero de 2012