Cleries pide al Gobierno que pague la mitad de la ayuda a la dependencia

El consejero de Bienestar, Josep Lluís Cleries, reclamará a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que el Estado asuma la mitad de los costes de la aplicación de la Ley de Dependencia y la advertirá de la incapacidad de la Administración local para pagar esos servicios. El consejero avanzó ayer algunos de los asuntos que tiene previsto plantear a Mato en su reunión de mañana, la primera desde que ella asumió el cargo.

Según Cleries, una de las cuestiones que pretende tratar con Ana Mato es la necesidad de que el Estado aporte la mitad de los recursos necesarios para la aplicación de la Ley de Dependencia tal como estaba previsto cuando se aprobó. El consejero advierte de que desde que empezó a aplicarse la Ley de Dependencia la Generalitat ha aportado el 65% de los recursos económicos necesarios para su aplicación, mientras que el Estado no ha asumido más que un 23% y el resto proviene del copago de las personas beneficiarias.

En opinión del consejero, la situación se agravará con el despliegue de la ley para las personas con dependencia moderada, ya que la normativa prevé que la atención domiciliaria en esos casos vaya a cargo de Ayuntamientos y consejos comarcales.

Cumplir la ley

"Eso significa un aumento del presupuesto que lo hace difícilmente asumible por parte de la Administración local", señaló el consejero tras anunciar que esa es una de las cuestiones que quiere empezar a tratar con la ministra desde la primera reunión.

Según explicó Cleries en declaraciones a Catalunya Ràdio, en ese primer encuentro con Ana Mato trazará las líneas de los asuntos que negociar con el Estado, pero más adelante se celebrará otra reunión más técnica en la que pedirá concretar los plazos para el pago de la partida de la Ley de Dependencia que, a su juicio, corresponde aportar al Gobierno central.

Otra de las quejas que Josep Lluís Cleries tiene previsto plantear a la ministra es que el Estado no tiene en cuenta, al transferir a las comunidades los módulos para la aplicación de la Ley de Dependencia, que el coste de los servicios es más caro en algunas autonomías, como es el caso de la catalana.