Lanbide investigará a más de mil perceptores de ayudas sociales
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta reiteró ayer su compromiso de tener "mano firme" con los perceptores de ayudas sociales "para que no se produzca una situación de fraude". Zabaleta explicó en una entrevista en Radio Euskadi que de las 56.000 cartas certificadas que Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, ha enviado a los perceptores de ayudas, más de mil han sido devueltas porque la información de la que aquel dispone lleva a domicilios que "no existen".
La consejera pidió cautela y precisó que por el momento son "irregularidades administrativas". Para identificar cuál ha sido el problema, anunció que se investigarán los expedientes de estas familias y se les citará para que den explicaciones. Si no acuden, se pondrá en marcha un procedimiento sancionador. Sin embargo, estas no son las únicas "irregularidades" que espera: "Luego veremos cuántas [cartas] han sido devueltas porque las personas no han sido encontradas".
Bases de datos
Fuentes del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Gipuzkoa explicaban ayer a EL PAÍS que estos más de mil casos pueden deberse a que "todavía las bases de datos no están actualizadas", como ellos mismos han constatado. La reforma legal que traslada a Lanbide la gestión completa de la Renta de Garantía de Ingresos y el complemento de vivienda da a las Diputaciones un plazo de dos meses para trasladar los expedientes.
Profesionales de este sector achacaron el millar de casos a "la inmediatez y la improvisación" con que se está realizando el trasvase y recomendaron que Lanbide trabaje de forma conjunta con Diputaciones y Ayuntamientos para aprovechar "toda la experiencia profesional" acumulada en los últimos años. El objetivo: "construir puentes porque hoy en día, con la crisis, todos somos muy vulnerables y podríamos percibir ayudas".
La consejera abundó: "Este es el primer paso del proceso; no acabamos más que de empezar". Asuntos Sociales ya inició a finales de 2010 una campaña de revisión de los expedientes de ayudas sociales que arrancó con el anuncio de la suspensión de las ayudas a 6.200 familias. Zabaleta denunció una "campaña política de desprestigio" contra Lanbide y señaló que servicios como este "primero se desprestigian y luego se desmantelan".
