Los sindicatos piden datos por escrito de los recortes a los funcionarios
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Era una reunión para explicar al detalle cómo afectan los recortes aprobados por la Comunidad de Madrid para sus funcionarios. Pero no fue así. El Gobierno regional sigue sin aclarar cómo repercute en los distintos colectivos de trabajadores públicos una medida polémica: las rebajas en el sueldo durante las bajas. Son normas "farragosas" que hay que aclarar, señaló la semana pasada la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, antes de convocar a los sindicatos a una mesa general. Las centrales le pidieron ayer todas las aclaraciones por escrito, pero no ha dado papeles.
La Comunidad de Madrid justificó este cambio como medida para combatir el absentismo y ahorrar 25 millones de euros. Pero, casi un mes después de aprobarlo, no ha facilitado cifras de ausencias del puesto de trabajo por colectivo ni de cómo serán las rebajas en cada caso. La consejera sí señaló en la mesa, como ya había dicho en público, que las reducciones de sueldo se empezarán a aplicar a partir del cuarto día de baja y no desde el primero, como, por ejemplo, aplica el País Vasco.
La reunión sirvió además para que los sindicatos cambiaran otra interpretación. La rebaja en los sueldos por incapacidad temporal supone perder hasta un 40% de los ingresos que la Comunidad de Madrid había completado en el pago de la Seguridad Social en virtud de acuerdos y convenios. Se aplica en dos grandes grupos. Los que sufren rebajas desde el cuarto día de baja y otro grupo al que los descuentos se les empiezan a aplicar en el cuarto mes.
A partir del cuarto mes
Según CC OO y UGT, el recorte más inminente afecta al personal laboral, unos 30.000 trabajadores. Entre ellos, empleados de hospitales, residencias, bomberos o los de las empresas públicas como Metro, Canal de Isabel II o Telemadrid. La Consejería no aclara este punto. El grupo mayoritario -frente a la interpretación que hacían hasta ahora los sindicatos- son unos 140.000 empleados que serán penalizados durante las bajas largas, con una reducción del 40% del sueldo desde el cuarto mes de baja. En este grupo están los docentes, funcionarios de Justicia y administrativos y la gran mayoría de los trabajadores del sector sanitario, según señalan ahora las centrales, que mantienen la convocatoria de una manifestación de protesta el 17 de febrero.
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