La oposición lamenta la reducción de personal en los centros para discapacitados

El convenio que la Generalitat firmó con las cuatro entidades mayoritarias que gestionan centros para discapacitados disgustó a la oposición parlamentaria. Todos los partidos, excepto el PP, se oponen a la reducción de las ratios de personal fijadas en la cartera de servicios de la Generalitat. El convenio, que ayer avanzó este diario, permite a las empresas públicas y concertadas reducir un 8% el personal fijado por esa norma. La medida, reclamada por la patronal y concedida por el Departamento de Bienestar, persigue mitigar el recorte en las subvenciones para estos centros, de entre el 3% y el 4,5%.

El Partit dels Socialistes (PSC) duda sobre la validez del convenio, que modifica unos parámetros fijados por ley. "Tenemos a un Gobierno que se salta las normas", denuncia la diputada socialista Eva Granados, que lamenta la "chapuza" que, a su juicio, el departamento que dirige Josep Lluís Cleries ha cometido con este convenio. "Atenta contra la calidad del servicio", esgrime, a lo que añade el agravante de que afecta a "los derechos de las personas más débiles". El PSC presentará varios requerimientos parlamentarios para descubrir si las ratios que todavía están fijadas por ley -es decir, sin la reducción que establece el convenio- todavía se respetan y son controladas por Bienestar. "Pediremos responsabilidades a la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y al consejero", agrega Granados.

"El Gobierno se salta las normas", denuncia la socialista Eva Granados

Esquerra denuncia que el convenio firmado por la Generalitat y cuatro entidades (Coordinadora de Profundos de Cataluña, Asociación Empresarial de Discapacidad Intelectual de Cataluña, Federación Catalana de Parálisis Cerebral y la federación ECOM) es "un hecho gravísimo", en palabras del diputado Pere Bosch. "El acuerdo no tiene validez legal", coinciden los republicanos, que denuncian el "grave peligro" que, a su juicio, supone para las condiciones de los trabajadores: "Es evidente que, si no se dispone de los mismos recursos, difícilmente se puede garantizar el mismo servicio".

Iniciativa cree que la Generalitat está sometiendo a la "asfixia" a las entidades sociales. "Debemos estar atentos a que la calidad del servicio no baje y a que no haya despidos en el sector", expone la diputada ecosocialista Laura Massana. "Estos pactos son contrarios a lo que siempre han defendido las entidades sociales: más y mejor servicio". La diputada ecosocialista reclama al Gobierno que convoque una reunión del Consejo General de los Servicios Sociales para revisar y consensuar el acuerdo.

El PP no discute la reducción de personal en los centros para discapacitados, siempre que no comporte pérdida de calidad en el servicio. Sí critica la validez del convenio. "Es un acuerdo trampa", lamenta la diputada Marisa Xandri, que denuncia otro problema para el sector: "La Generalitat no paga sus deudas con los centros, y algunos, si no hay solución, se verán obligados a presentar un ERE".

Los cuatro partidos coinciden en criticar las formas del departamento para pactar la reducción en las ratios de personal. Bienestar ha escogido un pacto bilateral y no un acuerdo del Consejo de Servicios Sociales como marca la ley. El PSC, ERC, ICV y el PP comparan esta situación con el caos que en agosto provocó otro cambio secreto: el de la forma de pago en la renta mínima de inserción, que dejó a muchos perceptores de esta ayuda sin cobrar. "Ahora Cleries no puede decir que es culpa de Mena [el consejero de Empleo]", concluye Granados.