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Una sentencia obliga a Sanxenxo a pagar 3,8 millones a promotoras

El Ayuntamiento olvidó recurrir un fallo que amenaza las arcas municipales

Si la penuria económica del Ayuntamiento de Sanxenxo era notoria -12 millones de deuda reconocida y un presupuesto que pasó de 114 millones a 31 en cuatro años-, un nuevo coscorrón judicial por su polémica gestión urbanística acaba de echar otra losa sobre la hacienda local. El Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra ha declarado firme una sentencia suya del pasado mayo que el Ayuntamiento no recurrió por error, y que le obliga a pagar 3,8 millones de euros a tres promotoras urbanísticas. El Gobierno local reveló la decisión judicial en su página web el lunes y anunció que reclamará su revisión, pero rechazó analizar sus consecuencias. La oposición habla ya de una situación de quiebra y pide la dimisión de la alcaldesa, Catalina González, del PP.

El fallo se debe a una actuación de Telmo Martín como alcalde

Un portavoz municipal reconoce que el recurso se presentó tarde

El fallo que ahora se vuelve firme atañe a un proceso accidentado que se inició con una de las últimas actuaciones urbanísticas de Telmo Martín como alcalde, en colaboración con la gerente municipal de urbanismo y actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas. Era a finales de 2006 y el Ayuntamiento decidió valerse de una cláusula de la Lei de Ordenación do Territorio para que dos grandes promociones inmobiliarias en Monte Faro, con miles de viviendas comprometidas, prescindiesen de la obligación de levantar viviendas públicas a cambio de 4,8 millones de euros en un caso y de 3,8 en el otro. El bipartito dela Xunta frustró ambas operaciones con un cambio normativo que eliminó la cobertura legal del apaño. A partir de ahí comenzó un conflicto administrativo y judicial entre empresas y administración local por el dinero, que las promotoras ya habían ingresado en las arcas municipales.

La sentencia de mayo afectó a la promoción menos onerosa, auspiciada por las constructoras Emprosal 16, Llave del Año y Lanzagolf. Se esperaba que el municipio apelase, pero el recurso no llegó. Según un portavoz municipal, por un posible error del procurador, que no presentó dentro del plazo el escrito de personación en la causa. Sanxenxo tiene externalizada la gestión de sus múltiples pleitos, que le han costado cientos de miles de euros en minutas en los últimos años.

La resolución de mayo censuraba la actuación municipal tras hacer un repaso por los vericuetos administrativos de la negociación entre las empresas. La tesis municipal era que los pagos millonarios no eran la contrapartida para evitar levantar viviendas públicas, sino una contribución amistosa definida unas veces como "cesión voluntaria" y otras como "participación desinteresada en los proyectos de la colectividad". En varios informes municipales la causalidad se explicita de forma clara, pero en otros queda difuminada. "La oscuridad en la redacción de los contratos nunca puede favorecer a quien la ha propiciado, en este caso el Ayuntamiento", tercia la sentencia, que considera fundamental un convenio de marzo de 2007, ya con Martín y Rivas fuera de Sanxenxo, que se refiere precisamente al reembolso para las empresas en caso de cambios en la ley tales como los que después se produjeron. El pago de los 3,8 millones de euros se produjo una semana después de este último convenio.

La resolución sigue sin escatimar epítetos contra el Gobierno local, al que achaca su "conducta sinuosa" y su intención "maliciosa". Se refiere en ese sentido a los intentos municipales de dar por resuelto el convenio, una vez se comprobó que los cambios legales iban a impedir que el convenio se llevase a la práctica. El Ayuntamiento quiso dar por finiquitado el acuerdo al seguir con la tramitación del plan parcial según la nueva normativa. Las empresas se opusieron y comenzó la batalla.

El varapalo judicial ha tenido reacciones desde las filas de la oposición. El edil del BNG David Otero habla de colapso financiero. La portavoz socialista, Dulcinea Aguín, pidió, por su parte, la dimisión de González. "Si tuviera decencia política hoy dimitiría y se iría a su casa. Presentar los recursos fuera de plazo es una burla", acusó.

La 'conexión Gürtel'

Aunque la resolución judicial solo afecta al denominado suelo urbanizable 13 de Monte Faro, el terreno colindante del suelo urbanizable 14 ha seguido una tramitación paralela en el tiempo y los procedimientos. La diferencia fundamental es que el pago al municipio a cambio de la exención de levantar vivienda pública se elevó a 4,8 millones de euros. A falta de una resolución judicial todavía pendiente, este segundo caso adquirió notoriedad porque una de las sociedades implicadas, Mirador de Sanxenxo, era entonces propiedad de Sedesa, una de las empresas salpicadas por las acusaciones de financiación ilegal del PP valenciano en el caso Gürtel. A ello se le suma que el firmante del recurso de reposición contra el Ayuntamiento para el reclamo del cobro era el actual jefede la Consellería de Territorio en Pontevedra, José Luis Díez Yáñez. La Xunta justificó varias veces el pasado año este nombramiento, la última en noviembre. La encargada fue la propia Encarnación Rivas, ahora secretaria general de Urbanismo y, entonces, gerente del mismo departamento en Sanxenxo. "Lejos de ser perjudicial incluso tiene aspectos positivos, porque acerca experiencias del sector privado a la actividad de la Administración", afirmó entonces.

Las trayectorias gemelas de las dos promociones difieren a partir de julio de 2009, cuando Mirador de Sanxenxo firmó un convenio urbanístico previo a la aprobación del plan parcial de desarrollo de ese terreno en cuya documentación preparatoria el municipio trataba de cubrirse las espaldas con una referencia a que tal acuerdo suponía "una renuncia clara y terminante a cualquier exigencia de devolución". A este documento se aferra el Ayuntamiento para mantener sus expectativas de un fallo favorable en esta segunda causa.

El problema es que incluso las resoluciones favorables les están costando muy caras a la Administración local, según recordaba ayer Aguín. "Llevamos dos ejercicios económicos en los que la Gerencia de Urbanismo arroja pérdidas. Más de 480.000 euros en el ejercicio de 2010 y más de 600.000 en 2011, gastando en gabinetes jurídicos externos más de 600.000". Entre las minutas más abultadas está las del bufete de José Luis Narbón, que ha hecho trabajos de asesoría el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, y que facturó 345.000 euros al municipio entre 2006 y 2009.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de enero de 2012

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