Salarios y pensiones no pueden separarse
El Pacto de Toledo en sus formulaciones (1995, 2003, 2011) siempre ha asociado el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a la garantía de que las cuotas garantizaran la cobertura de las prestaciones, a que su reducción fuera compensada (bonificaciones) y a que bases de cotización coincidieran con salarios. La revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC las vinculaba al indicador utilizado en la revalorización de los salarios, y se señalaba expresamente que la revalorización exigía "medidas que garanticen el equilibrio financiero del sistema en el futuro". La Seguridad Social española es pues adelantada en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, dotándose de reservas que compensan con sus rendimientos los déficits del sistema.
A medio plazo crecen las personas que ganan más como pensionistas que como trabajadores activos
Esto aconseja que las bases de cotización y las pensiones tengan crecimientos en paralelo. El sistema puede reformarse para hacer frente al reto demográfico, o puede vadear crisis coyunturales como la presente. Pero si los ingresos y los gastos tienen una evolución dispar durante un lapso prolongado de tiempo, ninguna proyección o previsión es capaz de trazar un escenario de sostenibilidad.
El salario mínimo, por ejemplo, si afecta a 500.000 personas tendrá un coste para los empleadores de 45 millones de euros, pero los costes para la Seguridad Social, directos o indirectos, de su no revalorización pueden ser mayores, al estar millones de bases de cotización asociadas a su evolución.
Los efectos del decrecimiento real y prolongado de los salarios serán muy negativos para el sistema de pensiones. A corto plazo, hemos conseguido hasta el año pasado (incremento del número de jubilados en 125.000 sobre los 135.000 previstos) que los trabajadores españoles no usaran, como sucedió en la crisis de los setenta y ochenta y de los noventa del siglo pasado, la jubilación como refugio frente al paro y la precariedad laboral. Pero con una expectativa de mejor evolución de las pensiones respecto de los salarios, esta tendencia se invertirá.
A medio plazo, se amplía significativamente el número de trabajadores que pueden ganar más como pensionistas que como trabajadores activos. Los pensionistas no cotizan a la Seguridad Social (los trabajadores aportan el 6,25% promedio de sus emolumentos) y si disfrutan de garantías muy superiores a las de los activos en el mantenimiento de sus rentas, no encuentran incentivos para continuar trabajando. En las Administraciones públicas, esto sucede ya con una buena parte de los empleados de los grupos C y D, y en estas condiciones, las apelaciones a la prolongación de la vida laboral del discurso de investidura no dejan de ser retórica desmentida por la acción de Gobierno.
A largo plazo, uno de los problemas históricos del sistema español de pensiones, el mantenimiento de altas tasas de reemplazo (relación entre el último salario y la primera pensión), que debía resolverse con mayores esfuerzos contributivos a lo largo de una mayor parte de la vida laboral, aumenta. El incentivo a contribuir más tiempo o dinero desaparece, incrementándose en la práctica la generosidad del sistema y sus problemas de sostenibilidad.
En suma, esta política puede ser rentable electoralmente, pero a medio plazo pone en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones, precisamente después de la reforma del año pasado, y de haber conseguido incrementar significativamente ingresos y reservas los últimos años. Y la solución no está en deprimir el crecimiento de las pensiones, que siguen siendo muy bajas en promedio y en las mínimas, sino garantizar un crecimiento acompasado de ingresos y gastos, de bases de cotización y prestaciones, de salarios y pensiones en suma.
Octavio Granado ha sido secretario de Estado de la Seguridad Social de 2004 a 2011.
