La ciencia ni se compra ni se vende

Del paquete de medidas aprobado en el último Consejo de Ministros, el recorte de 600 millones de euros en I+D+i parece la última agresión a una demacrada cultura científica española. El argumento para el ajuste, sencillo: las investigaciones en curso no tendrán todavía interés comercial en las próximas legislaturas.

Pero es este discurso cortoplacista, empaquetado de cuatro en cuatro años, el que lastra a España; políticas de principio y fin en las urnas que hacen imposible afrontar reformas estructurales en un país necesitado de ellas.

Son muchas las razones que se pueden argumentar contra este comportamiento, casi aleatorio, del sistema legislativo español, en particular en lo que a investigación y desarrollo se refiere. Unas pocas, sin embargo, bastan para esbozar la desolación que se avecina.

La primera, como no, de carácter económico: el Estado gasta en la formación de cada titulado universitario alrededor de 28.000 euros. Si a esto se le añade una beca de doctorado de 12.000 euros anuales, en cada doctor formado en España se acaban invirtiendo más de 75.000 euros. ¿Es asumible gastar tal cantidad de dinero para luego mantener esos activos parados? En cualquier empresa esto sería impensable, pero ¿por qué ocurre en España? Es más, ¿podemos permitirnos que se marchen y que esa inversión en formación acabe revirtiendo en la competencia? La fuga de personal cualificado es, sin duda, lo peor para la integridad de un país. No solo se favorece que el entorno compita en superioridad, sino que dejamos desierto el terreno de la investigación donde, tarde o temprano, nos daremos cuenta de que era necesario cultivar.

Este recorte es, sin duda, un paso más hacia el vacío cultural, un error que si llega a consolidarse, lastrará el desarrollo del país durante décadas. La pérdida de generaciones sucesivas de investigadores es un precio demasiado alto que España no puede permitirse pagar, aunque parece que el Gobierno tiene ya la mano en la cartera.