Escenario con Rajoy al fondo
Ha pasado ya más de un mes del particular Pentecostés Popular, aquel 20 de noviembre en que una llama se apareció sobre la cabeza del cuerpo electoral y no le concedió el don de lenguas, pero sí dio a Rajoy una mayoría más que suficiente para acometer las acciones necesarias en materias tan dispares y de tanta importancia como la definitiva paz en Euskal Herria, la creación de empleo o la reordenación del sistema financiero, entre otras muchas cuestiones.
Toca ahora pensar qué va a suponer el nuevo Gobierno de España en Euskal Herria. Me dirán: podría haber hecho usted esta reflexión durante la campaña electoral y a resultas de ella, incluso haber votado al PP. No creo, hubiera contestado, pero además lo hubiera tenido muy difícil, porque no nos anunció ni una sola de las medidas que iba a adoptar. Quizá después del discurso de investidura era un buen momento, pero tampoco aclaró gran cosa. Únicamente hizo referencia a la actualización de las pensiones por jubilación. Investido presidente y tras dos Consejos de Ministros, tampoco nos ha dejado claro cuáles van a ser las medidas concretas de actuación, solo el "inicio del inicio".
Vamos a tener tantos marcos propios como empresas o, si me apuran, como trabajadores
Podemos ver nuestros servicios sociales y públicos recortados por imposición de las Cortes
Ante el silencio del Gobierno, sólo nos queda acudir a los indicios e interpretaciones que pueden extraerse de los nombres que componen el Consejo. Así, por ejemplo, de la personalidad y declaraciones de Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, así como de la alegría que desprende Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE, entiendo que su esfuerzo va dirigido a la salida de la crisis a través de fortalecer la competitividad y productividad de las empresas. Existen diversas vías para conseguir este objetivo; a corto plazo, el más rápido es reducir los costes sociales. Cómo se consigue: desregularizando el mercado laboral, haciendo primar el convenio de empresa sobre otros de ámbito territorial o sectorial mayor, o incluso el contrato sobre el convenio, privando de fuerza a los sindicatos. ¿Es el mejor camino? Probablemente no, por cortoplacista y por sus efectos perniciosos en la demanda agregada interna, dejando de lado que éticamente supone hacer recaer el coste de la crisis sobre quien no la ha causado y sobre quien se halla en una situación peor para soportar la crisis.
En particular, entre nosotros, ¿tendrá algún efecto especial? La vieja aspiración del marco propio de relaciones laborales va a perder su sentido. Vamos a tener tantos marcos propios como empresas o, si me apuran, como trabajadores. Mejor dicho, la reclamación de un marco normativo laboral va adquirir una mayor transcendencia.
El ajuste fiscal, o dicho en términos más reales y comprensibles, el recorte del gasto social, rondará los treinta y seis mil millones de euros, contados los dos puntos adicionales de déficit. Es posible que el recorte deba ser contemplado también por las comunidades autónomas y ser asumido por estas. La designación de una mujer como Ana Mato nos da pistas. Ha defendido la reformulación de los servicios públicos como servicios universales. Este es un concepto que caracteriza a los servicios simplemente desde la posibilidad de acceder a los mismos a un precio razonable y encierra en sí mismo toda la justificación de la privatización de cuestiones tan sensibles como la sanidad, la educación o el agua.
Ha insistido también la ministra en dos principios que, en principio, pueden aparecer como lógicos e inocuos, pero que se prestan a interpretaciones no tan inocuas, no tan neutrales. Estos principios, la unidad de mercado y la igualdad de todos los ciudadanos, pueden llegar a justificar la homogeneización de las políticas sociales, el establecimiento de una cartera común de servicios e incluso la homologación de modos de gestión. El artículo 150.3 de la Constitución Española posibilita las leyes de armonización, incluso en materias de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. De esta manera podemos ver cómo nuestros servicios sociales y públicos dejan de serlo y son recortados por imposición de las Cortes Generales.
El tercer aspecto al que quiero referirme es la cuestión de la paz definitiva, la reconciliación y la convivencia en Euskal Herria, y los responsables de esta cuestión, sin negar que la responsabilidad y la dirección última recaerán en una sola persona, el presidente del Gobierno. De un lado, en el Ministerio de Justicia, hallamos un perfil dialogante, el del ministro Ruiz-Gallardón y especialmente nos encontramos a un fiscal general, Torres-Dulce, que ha sido y es adalid de la independencia del ministerio fiscal respecto del Gobierno y de su política antiterrorista. Sin embargo, en el otro ministerio concernido, el de Interior, su titular es un hombre apegado al sector más derechista de Partido Popular. Fernández Díaz es un hombre con apetencias de nobleza, para lo que no duda en militar en organizaciones como la Orden Constantiniana de San Jorge, actitud que puede ser cualquier cosa menos moderna y abierta. El ministro ha nombrado jefe de la policía al más reputado faisanólogo y tertuliano de Intereconomía, señor Cosidó. Sólo el tiempo nos dirá cuál es la posición del Partido Popular vasco en la toma de decisiones y cuál es el propósito último del señor Rajoy en cuanto a la normalización.
Esta impredecibilidad de aquel que ha vendido la predecibilidad como su gran argumento nos puede hacer pensar que esta legislatura puede ser muy trascendente en las futuras relaciones entre España y Euskal Herria si la divergencia entre la sociedad vasca y el Gobierno de Madrid es profunda y muy interiorizada por los ciudadanos.
