La fiscalía acusa de prevaricación a la alcaldesa de Belmonte de Tajo

La fiscalía de Madrid ha solicitado que se abra juicio oral contra la alcaldesa de Belmonte de Tajo, Ana María Pinós Sangonzalo, para quien pide una pena de año y medio de cárcel en su escrito de acusación presentado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranjuez. También pretende inhabilitarla durante ocho años. El ministerio público ha denunciado a la regidora como presunta autora de un delito de prevaricación urbanística.

El fiscal sostiene que la regidora de este municipio de 1.425 habitantes, situado al sur de la región, concedió una licencia provisional a un empresario para que pudiera instalar una fábrica en una parcela del municipio que tenía calificación de residencial urbana. Lo hizo sin tener en cuenta el informe del secretario municipal, que se oponía.

Ana María Pinós autorizó una fábrica en terreno residencial

Por el contrario, la alcaldesa defendió la honestidad de sus decisiones, al tiempo que aseguró que la mencionada licencia fue concedida de forma provisional durante solo un año: "Le permitimos que se instalaran mientras se ponía en marcha el polígono industrial. Pero como vimos que se retrasaba revocamos la licencia", se defiende Pinós Sangonzalo, que argumenta que nunca llegó a conocer el informe del secretario, contrario a la concesión de la licencia.

"No existe auto de procesamiento alguno ni apertura de juicio oral contra la alcaldesa, por lo que estamos procesalmente todavía en fase de instrucción, es decir, en diligencias previas. Lo que significa que no existe a día de hoy actitud punitiva alguna en su actuación", explica el letrado defensor de Pinós Sangonzalo.

Los hechos, según la acusación del fiscal, se remontan al 20 de diciembre de 2007, fecha en la que la empresa Eurocalidad de Maquinaria solicitó al Ayuntamiento de Belmonte del Tajo la concesión de una licencia provisional de obra menor para instalar en unas parcelas situadas en la avenida de Felipe Serrano de esta localidad, de propiedad privada, una nave y una oficina prefabricada de 360 metros cuadrados. Para instalar esta empresa, sus propietarios adecuaron la zona: "Todo ello con el objetivo de desarrollar ahí una actividad consistente en el depósito y venta de maquinaria agrícola y de obras públicas, limpieza mediante agua a presión y reparación de las mencionadas maquinarias".

La autorización de dicha licencia estaba sujeta a un permiso de obra mayor, para el que era necesario tener un proyecto técnico. El desarrollo de esta actividad también estaba condicionada a una licencia de actividad.

El informe del secretario del Consistorio constataba que el expediente no disponía de proyecto técnico ni declaración de impacto ambiental y que no estaba permitido el uso industrial o comercial, por lo que no podía concederse una licencia. Pero la regidora hizo caso omiso del documento y aprobó el permiso provisional, sabiendo, según la fiscalía, que el funcionario municipal se había opuesto.

Por su parte, la alcaldesa no está de acuerdo con las conclusiones del ministerio público: "El secretario accidental hizo el informe a posteriori. Y lo hizo porque el anterior secretario le amenazó. Yo nunca tuve constancia de la existencia del informe contrario del secretario. Yo no lo conocía. Y toda esta acusación se inició tras conceder una licencia, que nunca fue definitiva y que tenía un informe técnico favorable", alega la primer edil de Belmonte del Tajo, que añade: "Esta empresa, según me he enterado, está instalada en Valdelaguna, y no tiene nada que ver con nosotros, ya que el polígono industrial no se ha construido".

Pinós Sangonzalo considera, por tanto, que la denuncia de la fiscalía tiene un marcado carácter político y asegura que es una revancha porque ella misma ha denunciado en dos ocasiones al portavoz del PSOE de Belmonte, Amador Salinas, que está imputado en dos procesos judiciales por prevaricación, apropiación indebida, delitos contra la Hacienda pública y malversación de caudales públicos. "El anterior alcalde del PSOE está imputado por conceder licencias mal otorgadas y por hacer tres talones al portador que utilizó para pagar unas compras que hizo con el carné de su señora en un supermercado. No hay factura a nombre del Ayuntamiento y lo que figura en el albarán es una compra de bebidas alcohólicas y adornos de Navidad", relata la alcaldesa.