Bizkaia veta un acuerdo institucional para coordinar la lucha contra el fraude

Quienes acostumbran a jugar al ratón y al gato con las Haciendas vascas tienen motivos más que suficientes para estar profundamente satisfechos. La lucha contra el fraude fiscal seguirá siendo una guerra que cada institución hará por su cuenta en Euskadi tras el fracaso de la reunión que las Diputaciones y el Gobierno mantuvieron ayer en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT).

La oposición de los representantes de la Diputación vizcaína a sentarse en una mesa de trabajo para avanzar en una mayor coordinación en la lucha contra el fraude fiscal, dio al traste con la posibilidad de disponer de instrumentos y objetivos comunes para perseguir a los defraudadores y mejorar la recaudación por esa vía.

El Gobierno se muestra decepcionado con la posición vizcaína

Los representantes de Bizkaia defendieron la capacidad exclusiva en materia fiscal de las administraciones forales y rechazaron de plano lo que el Gobierno vasco y las otras dos diputaciones estaban dispuestas a explorar en un contexto de recaudación de impuestos limitada y a la baja mes tras mes.

El Ejecutivo propuso en el OCT de junio del pasado año la elaboración de un programa de colaboración interinstitucional en la lucha contra el fraude, apoyado en informes periódicos sobre las medidas adoptadas y su eficacia. La comisión de Expertos que asesora al lehendakari fue más allá en noviembre de ese año y planteó la conveniencia de elaborar un Plan Integral de lucha contra el fraude, con informes anuales de gestión e inspección de tributos, y la interconexión informática de las haciendas.

Los responsables de la Diputación alavesa y guipuzcoana se mostraron ayer abiertos a estudiar esas vías y a coordinar algunos aspectos de la lucha contra el fraude, pese a la competencia exclusiva en materia de tributos, conscientes quizás de que el artículo 13 de la ley de Armonización, Coordinación y Colaboración fiscal prevé la elaboración de planes conjuntos de inspección sobre sectores, colectivos y empresas concretas. Esa ley estipula que la elaboración se efectuará en el seno del OCT "que accederá a la información de los contribuyentes por los mecanismos informáticos oportunos".

Sin embargo, pese a la posición más favorable del PP alavés, en Bizkaia PNV y PP se aliaron en octubrepara sacar adelante una proposición no de norma contra el fraude fiscal que neutralizaba otra del PSE y Bildu para hacer campañas conjuntas. En ese debate el portavoz del PNV, Unai Rementería, dijo que Bizkaia tiene un plan perfectamente definido" y la del PP, Esther Martínez, criticó que la propuesta socialista buscaba "la tutela del Gobierno vasco" sobre los planes de inspección. Pero sobre todo calificó de "irresponsabilidad" la posibilidad de favorecer el acceso a datos personales de los contribuyentes vizcaínos por parte de "cualquier funcionario" ajeno.

El Gobierno se mostró "decepcionado" por la posición vizcaína. Fuentes oficiales indicaron que "cualquier colaboración" interinstitucional "conseguiría que la bolsa de fraude, estimada en 2.500 millones de euros podría ser disminuida".

La Diputación de Bizkaia desmintió, sin embargo, a media tarde de ayer, que en la reunión del OCT se hablara de un instrumento de lucha conjunta contra el fraude fiscal. Fuentes de la institución indicaron que "Bizkaia no ha tenido ni siquiera que posicionarse en este tema, tampoco Álava y Gipuzkoa y decir otra cosa es totalmente incierto".