Aguirre penaliza a los funcionarios que estén de baja por enfermedad

Esperanza Aguirre vuelve a la carga contra la imagen de los funcionarios. Una de las 25 enmiendas que el grupo popular presentó ayer en la Asamblea de Madrid supone dejar a la mayoría de empleados públicos que enfermen sin el 40% de su sueldo. Se trata de "introducir un elemento de contención del absentismo laboral", asegura la nota informativa del grupo popular. A ese objetivo se suma otro: ahorrar 25 millones de euros al año e "incrementar la productividad de la Administración". Porque para el Gobierno regional el absentismo no es una baja injustificada, sino una baja a secas.

Hasta ahora, la Comunidad de Madrid complementaba el sueldo de sus empleados en caso de incapacidad temporal. En el régimen general, que es el que tienen 107.000 trabajadores (administrativos, justicia, bomberos, docentes...), la Comunidad o la Seguridad Social, dependiendo del tramo, pagaban el 60% entre el cuarto día de baja y el vigésimo. Madrid aportaba, según una portavoz del Gobierno regional, un 40% más hasta llegar al sueldo íntegro en virtud de acuerdos y convenios colectivos con sus trabajadores. Esos acuerdos serán papel mojado a partir del 1 de enero. La enmienda, que se vota en el pleno del día 27, modifica la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que a su vez modifica los convenios ya firmados y los deja sin efecto. En resumen: a partir de ahora, el empleado público que esté de baja por enfermedad cobrará menos. Tanto si pertenece al régimen general, como al de mutualismo o al estatutario.

Los centros de salud podrían abrir los sábados al aumentar las horas laborables

"Estas medidas suponen un recorte salarial encubierto", señala UGT

El ahorro es solo una de las justificaciones que esgrime el Gobierno regional. El absentismo es la principal. No es la primera vez que la Comunidad de Madrid acusa de ello a sus empleados. Según sus datos, el absentismo de los trabajadores públicos duplica al que se produce en la empresa privada: el 11,4% de las horas que deberían hacerse no se cumplen en el sector público; en el privado, el 6,2%. Los datos que ofrece la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior no se pueden contrastar. Una portavoz asegura que proceden de un estudio realizado por las mutuas. La Seguridad Social contabilizó en 2010 28,1 bajas por contingencias comunes por cada 1.000 habitantes. Según la Comunidad, entre sus empleados públicos fueron 48.

El grupo popular, que tiene mayoría absoluta en la Asamblea, por lo que sacará adelante las enmiendas, precisa que el recorte no afecta a las bajas por maternidad ni a los accidentes laborales.

Otra de las 25 enmiendas que el lunes presentó el PP en la Asamblea estipula que todos los funcionarios y empleados públicos madrileños trabajarán 37,5 horas. La Ley de Acompañamiento ampliará el horario de sus trabajadores, además de recortarles las prestaciones por baja. La medida afecta a 120.000 de los 170.000 trabajadores del sector público (un 70%).

Sindicatos y oposición han arremetido contra esta nueva propuesta con la que consideran que pagan justos por pecadores: en vez de perseguir el absentismo, se penaliza a todos. La Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid (Ley de Acompañamiento o ley escoba) fue presentada antes de las elecciones generales del 20-N y, solo después de los comicios, el Gobierno regional ha incluido algunas de sus propuestas más polémicas, como la que afecta a la jornada laboral de los funcionarios madrileños.

La nueva jornada y el cambio en el pago de bajas "atenta contra los derechos de los trabajadores", señala el secretario general del sector de Administración Autonómica de CC OO, Javier Díaz Toril. "Lo que plantean es un retroceso laboral y un recorte salarial encubierto", añade Santiago Tamames, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de Madrid.

"La Administración se salta los convenios que tenemos cerrados con ellos y nos impone nuevas condiciones sin negociar", según Díaz Toril. La enmienda que afecta al empleo público de la Comunidad incluye una convocatoria de la mesa de negociación que no convence a Comisiones. "Las reuniones hay que tenerlas antes, no cuando has plasmado lo que quieres cambiar en una ley", añade. La ampliación de jornada (que supone 12 millones de horas más al año o, lo que es lo mismo, el trabajo de casi 8.000 trabajadores a jornada completa) conllevará "perder puestos de trabajo, reducción de la calidad y dar un paso más hacia la privatización de los servicios", según CC OO. "Habrá un recorte de interinos como ya hemos visto en Educación", señala Maru Menéndez, diputada del PSM.

"Es un atraco a mano armada, una sinvergonzonería gubernamental", añade la diputada de IU Libertad Martínez. Los sindicatos preparan movilizaciones contra la medida, aunque aún no han concretado cuándo.

Los aproximadamente 16.000 médicos con categoría de estatutarios de la sanidad pública madrileña también verán incrementada su jornada en 2,5 horas semanales. ¿En qué puede traducirse? En atención primaria, por ejemplo, podrían recuperarse las consultas en sábado por la mañana, algo que ya existía antes de 2001, cuando la jornada de los profesionales era de 37,5 horas y no de 35 como ahora, explica Julián Ezquerra, de Amyts. Otra posibilidad es que los centros de salud podrían abrir media hora más cada día.