Penas de 28 años de cárcel por el fraude del gasóleo

El juzgado número 2 de Lalín ha dado por concluida la instrucción contra los administradores y socios de la empresa de Gasóleos Galicia, SL, de Silleda, por presunta comercialización de gasóleos adulterados y fraude fiscal, abiertas en julio de 2004 en la Operación Sifón en la que fueron detenidas 10 personas. Aunque no se ha podido cifrar el montante total del fraude, la fiscalía de Pontevedra ha solicitado la apertura del juicio oral y la imputación de siete personas.

Cada uno de los acusados se enfrenta a cuatro años de prisión por dos delitos fiscales y multas de 1.197.000 euros. Fuentes judiciales no descartan, sin embargo, poder alcanzar un acuerdo de conformidad a petición de la defensa. Los principales acusados son los hermanos Manuel y José Fiestras Rozados, responsables de la distribuidora de hidrocarburos y otras empresas relacionadas con la automoción. El primero, además de ser el administrador de Gasóleos Galicia, tenía negocios vinculados al sector lácteo como la concesión de las queserías de Candán y la del recinto ferial de Silleda.

Gasóleos Galicia fue dada de alta en el censo de impuestos especiales como suministrador de instalaciones fijas. Esta autorización le permitía recibir y expedir hidrocarburos con impuesto reducido o incluso exento. La empresa disponía de tres tanques de 40.000 litros cada uno donde almacenaba tanto gasóleos bonificados como exentos, además del de automoción. Los petróleos eran adulterados supuestamente con aceite base, alterando así las cifras resultantes de la contabilidad para defraudar a Hacienda.

Daños al consumidor

Con la finalidad de vender a terceros como gasóleo de automoción el que compraba a tipos reducidos o exento, la empresa obtenía en la venta una presunta plusvalía indebida. En la facturación de las ventas que realizaba Gasóleos Galicia también se alteró la contabilidad de los litros de gasóleo de automoción almacenado en sus tanques.

Según el fiscal, los administradores eran "conscientes" de las "irregularidades contables" y de la "segura producción de perjuicios materiales para los vehículos y la maquinaria en la que se utilizaron estos gasóleos adulterados". Uno de los afectados, Excavaciones y Transportes Guimarey, sufrió como consecuencia de las alteraciones realizadas en el carburante daños en su maquinaria.