La ACA pagó un millón en dietas al consejo que la llevó a la quiebra

La Agencia Catalana del Agua abona 6.000 euros al año a 27 consejeros, entre ellos 18 altos cargos - El organismo acumula un agujero de unos 1.700 millones

Desde el inicio de la crisis, en 2007, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha destinado un millón de euros al pago de dietas a los 27 miembros de su Consejo de Administración. Las retribuciones las cobran representantes de entidades económicas y sociales, pero también altos cargos de la Generalitat e incluso el consejero responsable, que actualmente es Lluís Recoder, titular del Departamento de Territorio. El cobro de la dieta no es incompatible con el sueldo por ser la ACA una empresa pública.

La agencia, que cerró 2010 con un déficit de 106 millones de euros, es uno de los organismos más cuestionados por la situación de ahogo de sus finanzas. Con una deuda de unos 1.700 millones de euros, según los últimos datos facilitados, la ACA ha realizado en los últimos años numerosos proyectos e inversiones que no se han correspondido con un incremento de los ingresos al mismo ritmo.

El consejero Lluís Recoder, entre los beneficiados por los sobresueldos

Actualmente el Consejo de Administración de la ACA está formado por 27 miembros. Aparte del presidente de la agencia, que es el consejero Lluís Recoder, y de su director, Leonard Carcolé, el consejo cuenta con 11 vocales que son altos cargos de departamentos de la Generalitat (Economía, Salud, Gobernación...). El órgano se complementa con un representante del Estado, cuatro vocales de las entidades municipalistas (Federación de Municipios de Cataluña y Asociación Catalana de Municipios) y nueve miembros más en representación de entidades como Unió de Pagesos, patronales, asociaciones de usuarios, etcétera.

La ACA destinará 164.000 euros este año a pagar las dietas por asistencia al consejo a todos los miembros. El importe total es inferior a los 200.000 euros destinados desde 2007 a 2009 y a los 255.000 euros presupuestados para 2010. Fuentes de ICV aseguran que este último importe se recortó a raíz del decreto estatal de reducción de las retribuciones públicas, pero ni el anterior ni el actual Gobierno ofrecen las cifras exactas de lo gastado.

La Generalitat tiene previsto pasar las tijeras por los consejos de administración de las empresas públicas y ya ha preparado un decreto para simplificar el de la ACA. El texto, que estuvo en exposición pública hasta el pasado miércoles, recoge la reducción de este órgano de 27 a 18 miembros. Igualmente, se modifica la periodicidad de las sesiones, así que de una reunión mensual se pasa a una por trimestre. Lo que no se modifica es el importe de la dieta, que queda congelada en 551,72 euros por persona y sesión. Con todo, según una memoria de la Generalitat, se prevé reducir el gasto en dietas un 76%, pasando de los 163.860 euros anuales actuales a 39.723 euros.

Pero no solo en dietas se piensa ahorrar, ya que la ACA es una de las empresas públicas candidatas a que se aplique un expediente de regulación de empleo (ERE). De hecho, la Generalitat prevé prescindir de 1.475 empleados de este tipo de empresas y ya ejecutó un ERE en GISA y en la Agencia Catalana de Cooperación.

Los gestores actuales achacan la situación de ahogo a "decisiones erróneas que se tomaron en tiempos de crisis y que han hundido la agencia", apuntando directamente al tripartito. El Gobierno de CiU ha puesto en marcha un plan de ahorro drástico basado en el cierre del grifo a las inversiones y en la reducción de los gastos corrientes, que en lo que va de año ya es del 24%.

Una versión muy diferente ofrece su anterior responsable, el exconsejero de Medio Ambiente Salvador Milà (ICV), que argumenta que la ACA, cuando se creó, en el año 2000, como fusión de la Dirección General de Obras Hidráulicas y la Junta de Saneamiento, heredó 560 millones de deuda; la cifra creció hasta 874 millones en 2003, cuando el Gobierno pasó al tripartito. Milà también denuncia que la ACA no contó hasta 2006 con un contrato programa que le aseguraba financiación de la Generalitat. Tampoco recibió, añade el exconsejero, la parte de ingresos de la disposición adicional tercera del Estatuto, ya que parte se desvió a financiar la línea 9 del metro.

Milà defiende la gestión de la ACA y la labor hecha durante estos años: más de 1.000 depuradoras, un incremento de la depuración del agua y la recuperación de muchos acuíferos. Con los recortes actuales, Milà alerta de que la Generalitat "puede cargarse" el modelo de gestión del agua. "Se corre el riesgo de que, a nivel de tratamiento y de calidad del agua, se pueda retroceder hasta la época franquista", advierte el exconsejero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 12 de diciembre de 2011.

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