Los de Eisenhower en el Miño

El reciente anuncio de que Fenosa pretende exprimir aun más la cuenca gracias a un enorme túnel de cinco kilómetros que agujeree los cañones del Sil, que se suma a otro grave proyecto de Iberdrola, nos recuerda ciertas actuaciones que por desgracia no son anecdóticas en los asuntos públicos. Dicen que en 1953 el presidente de General Motors, Charles Erwin Wilson, candidato del republicano Eisenhower a la Secretaría de Defensa, frente a las dudas sobre su imparcialidad si tuviera que decidir en contra de los intereses de su empresa, pronunció una frase que ha pasado a la Historia: "Lo que es bueno para General Motors es bueno para América y viceversa". Esta práctica no ha dejado de ser analizada: Stigler, el Premio Nobel de Economía, la denominó con éxito "captura del regulador", fenómeno por el cual el poder económico que ha de someterse a la ley cambia las tornas y logra tener en sus manos a la Administración, haciéndose indistinguibles los fines públicos y privados. Lo dicho conlleva derivadas como la transferencia de rentas del sector público al privado, la privatización de hecho de bienes públicos y la alternancia en los altos cargos, como si de una puerta giratoria se tratase, de la que se entra y sale de la empresa regulada a la Administración supuestamente reguladora sin solución de continuidad. Casi 60 años más tarde la historia se repite con un gran proyecto de Iberdrola en la Ribeira Sacra, apoyado por el presidente de la Confederación Hidrográfica.

La confederación hace causa común con un proyecto del que debería ser neutral

Hace poco ha sorprendido la defensa por el presidente de la confederación Miño-Sil de un gran proyecto de Iberdrola, que consiste en horadar y desmochar el Macizo de Meda para convertirlo en un embalse de 35 hectáreas y con una capacidad de cuatro millones de metros cúbicos, al que bombear montaña arriba en las horas baratas 108 toneladas de agua del Sil por segundo a casi 800 metros de altura, solo para convertirlas en energía más cara en dos nuevas cavernas de un centenar de metros de lado cada una. A ello se suma una línea de alta tensión de 11 kilómetros y 43 torretas. Ante las críticas por su impacto ambiental y por la pérdida neta de un 30% de una cantidad enorme de energía, Fernández Liñares emula a Wilson como peculiar portavoz de Iberdrola y manifiesta que "es una empresa que trabaja con la ley en la mano" y que "la producción de energía eléctrica es muy necesaria". Ante las fuertes críticas, el presidente de la Confederación, antiguo concejal de Urbanismo de Lugo, acusó a los que apuestan por conservar y recuperar la cuenca del Miño de un supuesto desconocimiento de la ley, sin más. No obstante, hay un pequeño matiz: la Constitución ordena que la Administración sirva con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103). Lo dicho se predica incluso del presidente de esta Confederación Hidrográfica. Veamos por qué.

Resulta que este apoyo de lo que solicita un particular se manifiesta sin que se haya dictado resolución administrativa alguna, cuyo anuncio publicó el BOE en pleno agosto con sólo un mes de plazo y sin facilitarlo por internet, algo por cierto que no casa en absoluto con el fomento de la participación pública del art. 9 de la Constitución. Olvida Fernández Liñares que el sometimiento a la ley incluye también el cumplimiento de la normativa de impacto ambiental, la de procedimiento administrativo y la de expropiación forzosa, así como el respeto de la propiedad de los que pueden verse sin sus tierras. Es decir, se atreve a hacer causa común en un proyecto del que debería ser neutral y lo hace antes de analizarlo conforme a Derecho, lo cual podría tener consecuencias muy graves en cuanto a la nulidad del acto administrativo, la responsabilidad de quien lo dicte y la responsabilidad patrimonial de la Administración. Recordemos además que sobre la actividad de esta Confederación, el informe de 2010 sobre el agua de Transparencia Internacional, la suspendió con 47 puntos sobre 100 de modo general, situándose en el puesto 10 de los 14 organismos de cuenca analizados, mientras que en el estudio específico sobre la transparencia en la gestión de los recursos del agua obtuvo un magro 10,5 sobre 100.

El respeto a la ley incluye plazos, la valoración adecuada de los contenidos materiales, la observancia de los procedimientos y mucha serenidad, que chocan con las prisas y parabienes impropios de su cargo mostrados por Fernández Liñares ante este proyecto privado: una visión muy subjetiva de la objetividad a la que le obliga la Constitución, aunque presida una Confederación Hidrográfica y actúe como un miembro del gobierno de Eisenhower.

Pedro Brufao Curiel es coordinador de la asociación AEMS-Ríos con Vida y profesor de la Universidad de Extremadura