El PP acusa a Silva de "dañar el prestigio" de la Xunta

El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, atribuyó a la casualidad que el cese de Carlos Silva coincida con la publicación por este periódico de las ayudas a las empresas de su esposa, Josefa Otero. El portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Arias, vinculó en cambio las decisiones de la consellería a que "salieran a la luz supuestas irregularidades".

En lo que sí coincidieron Guerra y Arias es en atribuir al bipartito la "tramitación" del primer préstamo de las empresas de Otero, el recibido por Procesoil, de 1,3 millones de euros. Según la consellería, esa ayuda la tramitó el bipartito el 31 de marzo de 2009. Arias se remonta más atrás, a finales del año 2008. En todo caso, Carlos Silva, ya formaba parte durante todo ese tiempo del equipo directivo del Igape, en el que entró durante la etapa de Manuel Fraga.

Respecto a las siguientes ayudas, las concedidas a Valorización de Residuos Gallegos y Vector Digital, sociedades creadas entre una semana y un mes y medio antes de que el instituto de la Xunta les autorizase los préstamos, consellería y PP destacan que no se llegaron a pagar. Javier Guerra lo atribuyó a la renuncia empresarial derivada de la crisis. Nuevamente, la versión de Pedro Arias no coincide: "El resto de las ayudas concedidas a empresas relacionadas con esta persona

[en referencia a Josefa Otero] se encuentran en suspenso, sin ser abonadas, después de que se paralizara toda la tramitación una vez salieron a la luz supuestas irregularidades en su concesión".

La función de Silva

Otra incógnita que no resuelve la Xunta es el papel que desempeñaba Silva en el Igape, tras su destitución como subdirector. Guerra negó reiteradas veces que se tratara de un puesto de libre designación, y ayer mismo sostuvo que era por "obligación de su contrato", opinión que parece desmentida por el propio cese. En un comunicado, Arias reprochó a Silva que haya "dañado el prestigio" del Igape.

El socio de Josefa Otero en sus principales empresas, Humberto López, aseguró ayer que las ayudas no las daba el Igape, sino el Ministerio de Industria, y negó haber estado vinculado con el instituto público a través de una asistencia técnica. Según afirmó, realizaba trabajos de distinto tipo desde hace unos 10 años para el Igape, por los que nunca cobró por encima de los 18.000 euros anuales. López subrayó que las ayudas a Galimed y Valoración no se materializaron, según él por renuncia empresarial.