Una ley de la selva para la Amazonia

Desde el aire se ve claramente cómo los agricultores y ganaderos avanzan en la Amazonia. Lo hacen de forma quizá lenta -si se compara con la enormidad de la vegetación- pero inexorable. Al norte de Alta Floresta (en el centro de Brasil), entre la impenetrable selva surgen de repente enormes cultivos de mijo y de soja, en haciendas de cientos y hasta miles de hectáreas. "Parecen campos de golf", señala gráficamente Tatiana Carvalho, responsable de deforestación de Greenpeace, que ha invitado a un grupo de periodistas a sobrevolar el lugar con el avión de la organización. El suelo, verde, parece en efecto el green de Augusta, aunque rodeado de una muralla de árboles de decenas de metros de altura.

"Es imposible recuperar todo lo destruido", afirma un senador

El problema es que no hay ningún incentivo por mantener la selva

La Iglesia católica y la Academia de Ciencias critican el proyecto

El Gobierno pide ser realista: "La deforestación cero no existe"

Los campos tienen formas caprichosas, pero siempre el perímetro sigue líneas rectas, las de la propiedad. Están aún lejos de cualquier ciudad, pero el grano es muy rentable. Carvalho explica que deforestar no es nada sencillo. En el Amazonas ni siquiera eso es sencillo. "En ocasiones tienen que quemar tres años el terreno y luego ir desbrozando y quemando todo a mano para que no queden ni las raíces, porque eso dañaría la maquinaria". En esos trabajos se emplean a veces esclavos, trabajadores que, engañados, acuden a una selva de la que ya no pueden salir.

Aunque la temporada seca toca a su fin, aún se divisan de vez en cuando columnas de humo. En otras parcelas quedan alineados tocones pendientes de ser quemados. Muchos están junto a campos ya en cultivo y van ganando terreno. Los suelos para el ganado no son tan homogéneos. Allí puede quedar en pie algún árbol de vez en cuando.

Brasil era hasta hace nada el ejemplo en la lucha contra la tala ilegal. La superficie deforestada en la Amazonia brasileña cayó de 29.059 kilómetros cuadrados al año en 1995 (una superficie como Galicia) a solo 6.451 en 2010. El Gobierno y los Estados han hecho un gran esfuerzo en combatirla. Y los satélites, más. Pese a la enormidad de la superficie a controlar, el satélite Landsat ofrece cada mes avances de la deforestación. Roni, técnico de Greenpeace, analiza los datos y con un GPS y un ordenador es capaz de dirigir la avioneta al punto exacto en el que otro cacho de selva ha muerto. Además, la presión de las ONG había hecho que firmas de países desarrollados se negaran a comprar madera, cuero o soja que no estuviera certificada como procedente de zonas no deforestadas.

El uso de la tecnología limita, pero no impide, los abusos. Sobre una de las parcelas en las que el satélite detectó deforestación en mayo, el ordenador no devuelve datos. "La parcela no está en el registro", sonríe. Ese tipo de control no lo pueden llevar ni Indonesia ni los países del río Congo.

Sin embargo, Brasil puede estar a punto de dejar de ser un ejemplo. El Senado brasileño tiene previsto aprobar el martes en pleno la reforma del Código Forestal, una norma trascendental vigente desde 1965. La ley, aprobada con una abrumadora mayoría en las comisiones del Senado, permite regularizar la deforestación cometida hasta 2008 (Greenpeace, otras ONG y la oposición hablan de una amnistía). "Gana quien deforestó ilegalmente. Nuestro trabajo no sirvió para nada", explica un responsable de la lucha contra la deforestación que pide el anonimato porque es un asunto sensible en Brasil.

El texto ha generado un gran debate en el país. En contra del proyecto legal se han pronunciado la Academia Nacional de Ciencias y hasta la Iglesia católica. El pasado jueves, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil expresó en un comunicado su "preocupación por la posible aprobación del proyecto sin unas correcciones necesarias", en alusión a que "mantiene la ocupación de áreas deforestadas ilegalmente". El texto "condena a regiones enteras del país a convivir con ríos agonizantes" y "especies en extinción". "En contra de lo anunciado, este proyecto no representa un equilibrio entre conservación y producción", concluyó el Consejo Episcopal Pastoral.

Los ecologistas confiaban en la presidenta, Dilma Rousseff, que cuando el Congreso aprobó la ley, en mayo pasado, anunció que vetaría el texto. "Sin embargo, no ha vuelto a hablar y la ley se ha tramitado con toda la urgencia y sin oposición. Si ella hubiera querido intervenir, habría conseguido cambios en el Senado", explica Carvalho. Greenpeace destaca que la sola esperanza de la amnistía ha hecho repuntar la deforestación un 15% respecto a 2010.

El ponente es el senador Jorge Vianna, exgobernador del Estado de Acre, en la Amazonia brasileña cerca de Perú. Vianna explica por teléfono: "No es el código de mis sueños pero es bueno para Brasil y para el medio ambiente". Vianna añade: "Durante los últimos 30 años hemos disminuido mucho la deforestación, pero aun así se destruyó mucho donde estaba prohibido. Ahora creamos un programa de recuperación". A quien denuncia que supone una amnistía, el senador les pide que "lean el código". "Greenpeace quiere recuperar todo lo destruido, pero eso es imposible", concluye.

Tatiana Carvalho replica con el artículo 61 del texto, que permite mantener en las llamadas áreas de preservación permanente las actuaciones de agricultura y ganadería consolidadas antes de 2008. "Da igual si se taló ilegalmente", añade: "Con esta norma se podrán talar o quemar legalmente 22 millones de hectáreas", se amnistiaría la deforestación de 30 millones de hectáreas y "se condonan multas por unos 4.000 millones de euros".

Su enfado contrasta con la felicidad que deja entrever la senadora Kátia Abreu, presidenta de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil: "De los 81 senadores solo cinco votaron en contra. No solo lo apoyan los ruralistas. Los radicales perdieron el discurso". Abreu insiste en que no es una amnistía: "Quien taló tiene que reforestar, por lo tanto, no es una amnistía. Ahora dejamos las reglas claras para el futuro". El sector agrícola critica que, si no se aprueba la reforma, el 90% de los agricultores está en situación ilegal. Añade que "la nueva legislación comprende la importancia que tiene mantener la actividad agrícola de Brasil, que ha crecido hasta ser uno de los mayores sectores del país". En 2006, Brasil superó a EE UU como principal exportador de soja. El 25% de la que se produce en el mundo procede del país. Según la confederación, en las últimas tres décadas la producción de grano en Brasil se ha triplicado.

El texto es complejo y las palabras para publicitarlo son relevantes. Como señalaba un artículo en la Folha de São Paulo, los impulsores han evitado dar "una connotación obvia de amnistía", aunque "varias permanecen". Es importante evitar la imagen de tabla rasa para que no lo vete Dilma Rousseff. Brasil organiza en junio la cumbre de la Tierra con la que celebra los 20 años de la cumbre de Río y no sería buena publicidad solo seis meses antes.

Luiz Antonio de Carvalho, asesor del Ministerio de Medio Ambiente, da un punto de vista intermedio. Explica cómo desde 1965 la norma sufrió tantas reformas puntuales que dejó a muchos agricultores fuera de la ley: "La realidad es que no se cumplen muchas de las previsiones del código", como la obligación de no deforestar a los márgenes de los ríos. Según De Carvalho, Brasil no puede seguir con las redadas continuas y con el Ejército controlando las talas: "En un pueblo detuvimos a todas las autoridades. Solo quedó uno de los 10 concejales y el cura. Hay muertos. Tenemos que pasar a regularizar la situación y tener una gestión ambiental". Su conclusión: "Hay que regularizar lo regularizable. La deforestación cero no existe".

No existe desde luego en las fincas elegidas por Greenpeace para enseñar los malos ejemplos. Hay una que era de una propiedad y que ahora pertenece a 12 dueños (siete de ellos, familiares). Al trocearla podrán proseguir legalmente la deforestación como pequeños agricultores. Solo entre agosto de 2010 y julio de 2011 deforestaron 1.455 hectáreas, según la ONG. En el suelo aún quedan restos de árboles esperando de la última quema. También está el típico puxadinho, el que gana terreno a la selva sin encomendarse a nadie; o el caso de uno de los mayores deforestadores del Amazonas, que con el nuevo código podrá compensar lo arrasado comprando fincas en el interior de la selva, donde es mucho más barato y donde nadie iba a deforestar (al menos, de momento).

El problema es que no hay ningún incentivo por mantener y conservar la selva. No existe un sistema internacional que compense por no deforestar, pese a la importancia que tiene para el planeta conservar la Amazonia. La deforestación supone actualmente alrededor del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero y los expertos consideran que frenarla sería una de las formas más baratas de reducir la emisión de dióxido de carbono.

El margen para conservar es enorme. En un día en avioneta se pueden ver desde tribus aisladas a enormes minas de oro; desde camiones cargados de madera, a piras humeantes en las que arden árboles de un bosque primigenio. El Amazon Edge, el avión Cessna Caravan con capacidad para 10 personas y que hace seis años costo 2,5 millones de dólares, es el lugar perfecto para ver el conflicto nunca superado entre desarrollo y medio ambiente. ¿Cómo pedirle a Brasil que no asfalte unas rutas que van de extremo a extremo del país? Sin embargo, la deforestación penetra a través de las carreteras. ¿Quién cuadra ese círculo?

Sobrevolando nuevas zonas deforestadas de la Amazonia