Cajas expoliadas

Con retraso, el Banco de España ha empezado a exigir las cifras exactas de las retribuciones, las indemnizaciones y las pensiones que los directivos de las cajas de ahorros se habían autoconcedido en muchos casos y, en otros, simplemente habían colado de rondón en los consejos. Y la información conocida no puede ser más escandalosa. Las indemnizaciones millonarias en la CAM y en Novacaixagalicia parecen ser la punta del iceberg de unas prácticas muy extendidas de saqueo en las cajas por parte de directivos poco escrupulosos. La mancha se ha extendido a Cataluña, donde la Fiscalía Superior investiga a cuatro exdirectivos de Caixa Penedès, que se habían autoasignado planes de pensiones con una dotación global de 20 millones de euros. Estas pensiones no eran conocidas por el Consejo de la Caja (integrada ahora en el Banco Mare Nostrum), lo que convierte el hecho en presuntamente delictivo.

Las retribuciones son escandalosas por varias razones. No se ajustan a los méritos de los directivos autopremiados, como lo demuestra el hecho de que se trata de ejecutivos de entidades quebradas o que han tenido que recurrir in extremis a fusiones con otras entidades para sobrevivir. Por lo común, el detalle de los paracaídas dorados e indemnizaciones de vértigo suele ocultarse a los consejos o a los asambleístas; no es casual que tan espléndidas retribuciones hayan aflorado con motivo de las fusiones de entidades, cuando el Banco de España ha exigido perentoriamente el conocimiento exacto de los costes salariales. Y, por último, chocan con las subvenciones públicas que algunas cajas han recibido para salvar sus cuentas de resultados. Con dinero privado no debería premiarse la mala gestión; pero hacerlo con dinero público es contrario a la moral cívica.

La reacción ante las quiebras masivas de sistemas financieros autonómicos o ante la alarma social causada por el expolio de algunas entidades no puede ser la de culpar al Banco de España en primera instancia. Cuando los políticos valencianos o gallegos cargan a la autoridad bancaria con estos desmanes se olvidan de que la primera línea de responsabilidad corresponde a quien perpetra el expolio. Acusar al regulador sin mención previa y directa a los protagonistas del fraude es simplemente un intento tosco de desviar la atención. El Banco de España no se preocupó como debiera de las retribuciones financieras, es evidente, pero esta circunstancia en nada disminuye la responsabilidad inmediata de los implicados ni, por cierto, las autoridades autonómicas.

La senda de la transparencia ya se ha iniciado. El Banco de España tiene que implicarse activamente en la vigilancia de salarios y pensiones, de forma que sean conocidos por la opinión pública. Pero no solo eso. Debe cerciorarse, con las modificaciones normativas pertinentes, de que cualquier retribución ha seguido el trámite exigido por el buen gobierno empresarial. Es decir, debe ser conocido y aprobado por una Comisión de Retribuciones independiente y ratificada por los accionistas.