17 horas encerrados en las celdas

"Jamás tendría que haber ocurrido esto. Se han cruzado todas las líneas", razonó el director general de Prisiones, Ramon Parés, ayer por la tarde, cuando la normalidad había vuelto ya a la Modelo. Antes, a primera hora de la mañana, unos 200 funcionarios de prisiones se concentraron frente a las puertas del histórico penal barcelonés e impidieron el cambio de turno. La acción, calificada de "gravísima" por la Generalitat, bloqueó el funcionamiento de la prisión. Nadie pudo entrar ni salir de allí hasta que, pasadas las 13.30 horas, los Mossos d'Esquadra cargaron y disolvieron a los funcionarios.

Fue una jornada insólita en la Modelo. Para todos. Los funcionarios del turno de noche -apenas una quincena- tuvieron que hacer doble jornada porque no pudieron salir. Tampoco entraron sus compañeros del turno de mañana, 175 personas. La escasez de personal hizo que los 1.781 presos -la mayoría, preventivos- permanecieran encerrados en sus celdas, por motivos de seguridad, durante 17 horas. Allí desayunaron y comieron. Ayer, jueves, era día de visitas familiares en la Modelo. La mayoría las perdieron.

El Gobierno catalán emprenderá acciones contra los funcionarios

Al no poder abandonar sus tres metros cuadrados de celda, como hacen cada mañana, algunos presos se pusieron nerviosos. Golpearon las puertas y quemaron papeles que arrojaron por las ventanas. "Hemos estado en una situación límite. Ahora podríamos estar lamentando incluso la pérdida de vidas humanas", lamentó Parés desde su despacho. El sindicato UGT había preparado el acto para protestar por los recortes y las condiciones de seguridad de las prisiones. A juicio del director general, han conseguido justo lo contrario: "Poner en riesgo la seguridad de la plantilla y de la población reclusa".

La protesta tuvo otras consecuencias graves. Un total de 42 presos debían presentarse ayer en los juzgados de Barcelona por distintas razones. No pudieron hacerlo, de modo que tuvieron que suspenderse 12 juicios, 28 ruedas de reconocimiento y 2 visitas a médicos forenses, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El perjuicio para las víctimas de delitos y para los testigos citados a declarar es evidente. Pero también para los reos, que se juegan su libertad.

La juez decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, lamentó los hechos y explicó, en un comunicado, que las protestas "no pueden afectar a derechos fundamentales de personas privadas de libertad" e impedir la práctica de diligencias que "podrían suponer la inmediata puesta en libertad" de algunos de esos internos preventivos.

La concentración sindical, que no había sido convocada, puede constituir "un delito de obstrucción a la justicia", según fuentes judiciales. La Generalitat emprenderá "acciones penales o administrativas" contra los responsables del desaguisado, anunció Parés.

El sindicato UGT, mayoritario en las cárceles catalanas, hizo oídos sordos a las críticas y censuró la actuación policial, que responde a "una orden política". Durante la durísima carga policial, diversas personas -entre ellas cuatro mossos- resultaron heridas leves, según el Sistema de Emergencias Médicas. "Estamos convencidos de que estas lamentables situaciones se repetirán" debido a los "reiterados recortes" del Gobierno catalán.

La protesta también está vinculada, según el sindicato, al aumento de las agresiones sobre los funcionarios y la falta de personal. Parés replicó que las condiciones de trabajo son "dignas" y que la ratio -un funcionario por cada dos internos; es decir, 5.000 funcionarios para 10.000 reclusos- es superior a la media europea. El Departamento de Justicia considera que las medidas de presión obedecen a "cuestiones retributivas" y a la negociación del nuevo convenio colectivo, que expira este año.