Los Mossos actuaron de forma "vejatoria" contra los indignados

Un juez de Barcelona investigará la actuación de responsables políticos y mandos policiales durante el desalojo de los indignados de la plaza de Catalunya el pasado 27 de mayo. El magistrado Josep Maria Miquel Porras ha admitido a trámite la querella presentada por más de 50 afectados y considera que estos recibieron un trato "intimidatorio, amenazante y vejatorio" de los Mossos d'Esquadra. Con el argumento de que debían retirarse los objetos peligrosos, el Departamento de Interior de la Generalitat ordenó el desalojo sin notificarlo previamente y a pesar de la actitud pacífica de la inmensa mayoría de los miembros del 15-M, recoge la interlocutoria, dictada ayer.

La querella de "Tomás S. y 55 personas más" se dirige contra tres responsables políticos: el consejero de Interior, Felip Puig; el director general de la policía catalana, Manel Prat, y la exconcejal de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona Assumpta Escarp. Tambien será investigado el papel de dos mandos policiales, Antoni Antolín (jefe de dispositivos) y David Borda, de la Brigada Móvil (antidisturbios), y de "los agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra que resulten responsables penalmente".

En la resolución judicial se exponen los hechos de aquella jornada y se describe la intervención policial en términos muy duros. Los querellados, dice el texto, pudieron vulnerar el derecho de reunión de los acampados. A las seis de la mañana y "sin proceder a la notificación previa", la policía "intentó desalojar la plaza de Catalunya para realizar tareas de limpieza y retirada de objetos peligrosos". Miquel destaca que, pese a la "actitud intimidatoria" de los agentes, la mayoría de los indignados decidieron quedarse en el epicentro de las protestas del Movimiento 15-M.

Los agentes "retuvieron a más de 100 personas", a las que "amenazaron con cargas policiales" y "prohibieron ir al lavabo y comer". Mientras tanto, los servicios de limpieza desmontaron el campamento y retiraron los objetos del lugar "sin ningún cuidado". "Parece ser", prosigue el juez, que los objetos fueron amontonados más tarde en el depósito municipal del Sot del Migdia, en Montjuïc, un descampado al aire libre. Todo ello hizo que algunos de los objetos de los indignados -pantallas, ordenadores, agendas personales, memorias externas con datos personales- no se recuperaran y que otros sufriesen "daños irreparables".

El juez también subraya otro aspecto de la querella: los agentes antidisturbios no llevaban visible su número de identificación como establece la normativa, circunstancia que, añade la resolución, "obedecía a las consignas recibidas de sus superiores y especialmente del consejero de Interior".Los agentes "no dejaban acceder a nadie" a la plaza y ejercieron la mayor violencia contra quienes trataban de impedir la salida de los camiones de limpieza. Así consta en el relato de la querella que asume también, indiciariamente, el juez. Los concentrados "se opusieron de forma pacífica" pero, aun así, fueron golpeados. El resultado de aquel polémico desalojo fue de "más de 100 de personas heridas", algunas, por las balas de goma.

La prioridad de la investigación es comprobar si los querellados han vulnerado el derecho a la libertad de reunión que consagra la Constitución. Se sitúa, por tanto, "en el ámbito de los delitos relativos al ejercicio de derechos fundamentales", sigue el juez. Con posterioridad se analizarán otros hechos, como posibles delitos o faltas (por las agresiones a indignados) o contra el patrimonio (por los objetos retirados). Porras no admite la querella contra Puig por falta de competencias ya que es un aforado al Parlament y, como tal, debe ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los abogados de los indignados aplaudieron la decisión y se mostraron "positivamente sorprendidos" por la elaborada interlocutoria. Como norma general, la admisión a trámite no requiere de una detallada motivación de los hechos, como ocurre en este caso. La querella fue presentada hace un mes y medio. En este tiempo, el juez ya ha realizado algunas diligencias, como el visionado de vídeos de aquella jornada y la toma de declaración de los afectados. "Todo eso se debe, tal vez, a la relevancia de los hechos y de las personalidades que van a ser investigadas", explicó ayer el abogado penalista Jaume Asens. Laia Serra, una de las abogadas que confeccionó la denuncia, se mostró "satisfecha" por la investigación, aunque lamentó que Puig quede fuera. Él fue, a juicio de Serra, "el máximo responsable del operativo" y quien "asumió públicamente sus consecuencias".

Porras es el juez que, el pasado 6 de octubre, estaba de guardia cuando 50 agentes antidisturbios irrumpieron en la Ciudad de la Justicia para detener a seis indignados que, presuntamente, habían participado en los actos de acoso a diputados frente al Parlament. Los Mossos no avisaron a Porras ni a la juez decana, Maria Josep Feliu, de su llegada y se escudaron en que actuaban bajo las órdenes de la Audiencia Nacional. Aquel asalto a los juzgados motivó un duro reproche del TSJC.