Ribadumia modificará sus normas para salvar dos urbanizaciones ilegales

El Ayuntamiento de Ribadumia ha encargado a los técnicos de Urbanismo que estudien la fórmula administrativa para poder legalizar dos urbanizaciones cuyas licencias municipales fueron denunciadas por la Xunta bipartita y finalmente anuladas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El informe que preparan los técnicos pretende adecuar a la nueva Lei do Solo las licencias "mal concedidas por el Ayuntamiento", según el fallo, porque no se ajustaban a la normativa en vigor en 2006. Una solución que pasaría por la modificación puntual del planeamiento y la recalificación de los terrenos donde se levantan las obras ilegales.

La Consellería de Política Territorial que entonces dirigía la socialista María José Caride apreció irregularidades en el expediente administrativo y paralizó las obras alegando que ambas promociones ocupaban núcleos rurales donde no se permite la construcción de bloques de más de tres chalés adosados. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del TSXG dio la razón a la Xunta cuando ya estaba gobernando el PP.

40 de los chalés ya han sido construidos y algunos están incluso habitados

Se trata de dos urbanizaciones de viviendas unifamiliares, algunas actualmente habitables como es el caso de la promoción Residencial Ribadumia, de 40 adosados distribuidos en tres bloques. La otra urbanización se llama As Mimosas, de la que únicamente se preparó la cimentación para edificar los chalés.

La sala anuló en febrero las licencias cuya legalidad defendió el propio Ayuntamiento a través de su alcaldesa, la popular Salomé Peña, basándose en informes emitidos por los técnicos municipales. Desde entonces se busca una solución después de que los servicios jurídicos de la Xunta hayan interpretado la sentencia y descartado que conlleve la demolición, ni siquiera parcial, de los chalés construidos.

"El caso está en manos de los técnicos de Urbanismo y ellos lo están estudiando", indicó un portavoz del Ayuntamiento, mientras desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas no ha trascendido todavía qué salida legal tendrán los promotores de las obras, en un caso, y los ya propietarios de los chalés, por otro.

El contencioso se había resuelto en primera instancia a favor del Ayuntamiento y de las urbanizaciones afectadas al considerar la Audiencia Provincial de Pontevedra que las obras eran legales. Un fallo que revocó en casación el TSXG y que consideró los terrenos como núcleos rurales tradicionales que podrían dejar de serlo con un cambio de las normas urbanísticas municipales.

Según los expertos, la medida abre la puerta a otros casos similares en los que se ha denunciado una licencia basándose en la Lei do Solo anterior cuando la actual permitiría legalizarla. La norma reformada ahora vigente establece la limitación de un máximo de tres chalés adosados solo para aquellos "núcleos rurales tradicionales" de especial interés paisajístico o arquitectónico que hay que preservar. Un vericueto legal que se podría aplicar para enmendar el fallo del alto tribunal pero reformando el planeamiento de Ribadumia.