La oposición ve "manga ancha" con el industrial de los áridos contaminantes

"Manga ancha" e incluso un "trato exquisito" de la Xunta hacia el empresario de Pontedeume Fermín Duarte, imputado en el caso Arena, que forzó la dimisión del diputado popular Javier Escribano, imputado por cohecho y tráfico de influencias. La oposición le sacó ayer los colores al Gobierno gallego a cuenta de los trasiegos de la constructora de Duarte, Manmer, SL, con 712.000 toneladas de residuos asfálticos que descargó en el puerto exterior de Ferrol y apiló sin control sobre suelo rústico, a la orilla de un río en Cabanas, casi con total impunidad desde julio del 2009 y sin licencia de ningún tipo.

El BNG primero y los socialistas después interrogaron ayer en comisión al presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, y al secretario general de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno gallego contra una firma que está bajo la lupa judicial por un posible delito ambiental.

Con el baile de fechas e informes aireados ayer quedó claro que durante dos años y medio el empresario disfrutó de un vertedero ilegal a su medida en un monte de su propiedad sin que la Xunta le exigiese cuentas mientras el Ayuntamiento de Cabanas, del PP, miraba para otro lado pese a los informes del Seprona, la fiscalía y las reiteradas denuncias de empresas del sector.Justo de Benito fue el más enérgico al rechazar cualquier coqueteo de la Xunta con Manmer. Afirma que la Consellería de Medio Ambiente realizó "16 inspecciones" a los distintos acopios sin que se haya probado "el daño ambiental" al entorno o al río Baa. "Estamos controlando pero no sobrepasa el límite de contaminación", resumió. De Benito firmó en mayo del 2010 una resolución contra Manmer que imponía severas restricciones al producto y, según las escuchas del caso Arena, dio largas a Escribano y Duarte que buscaban una vía para desbloquear la venta del residuo.

Infringir la ley y saltarse la normativa en varios frentes solo le ha costado al empresario 901,52 euros, el importe de la única sanción que Augas de Galicia le impuso en 2010 por invadir la zona de protección del río Baa. "Infracción leve y legalizable", según Menéndez, que en marzo de 2011 autorizó el acopio de áridos en el mismo monte de Laraxe que Duarte ya venía utilizando desde 2009 como vertedero privado, y le impuso unos requisitos que el industrial no cumplió. Desde la última inspección, el 8 noviembre, cuando el tema ya había saltado a los medios, Augas de Galicia apuró a Duarte con una prórroga de dos meses para cubrir el vertedero y construir un canal para las escorrentías antes de que se inicie el expediente sancionador.

"El trato con la empresa es exquisito", ironizó Fernando Blanco Parga, diputado del BNG, que también criticó el "manto de silencio" que recubre el caso Arena. "¿Qué va hacer la Xunta con los áridos? ¿Dónde se usaron?", inquirió ayer el nacionalista. Sus preguntas, sin embargo, quedaron sin respuesta.