Los recortes llegan a TV-3 y ponen en peligro la retransmisión de fútbol

El Ejecutivo de Artur Mas no solo recorta en servicios sociales y en educación como le echan en cara la oposición y ciertos políticos autonómicos. La tijera ha llegado a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). El Gobierno de CiU se atreve con un elemento simbólico como la radiotelevisión catalana y anunció ayer que la subvención destinada a ella será el 13,3% inferior a la de este año: rondará los 260 millones de euros, en lugar de los 300 de este año. El recorte de 40 millones afectará al "capítulo de personal" y al número de canales públicos, según informó el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, en el Parlament. Ante esta noticia, la presidenta de TV-3, Mònica Terribas, se plantó ante el Ejecutivo: "Este modelo de televisión pública no es el mío". Y fue más allá: "Con estos números, TV-3 debería renunciar a la liga de fútbol", dijo en referencia a la retransmisión de los sábados por la noche.

¿Cuánto cuestan a la televisión pública las retransmisiones deportivas de fútbol y de fórmula 1? TV-3 prefiere no dar las cifras. Al ser preguntados ayer, los responsables de la cadena se negaron a ofrecerlas aduciendo que "no se han dado hasta ahora y no se van a dar ahora". Según cálculos de profesionales del sector y de las mismas emisoras públicas, el acuerdo por los derechos de la fórmula 1 es antiguo y tiene un "buen precio", que oscila entre cuatro y cinco millones de euros anuales. En lo que concierne a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, fuentes próximas a la dirección de TV-3 aseguran que en los últimos años se han pagado alrededor de 40 millones anuales por los derechos de retransmisión.

Sí se sabe en firme lo que destina la televisión pública catalana a los derechos de retransmisión de la Liga de Campeones: cinco millones de euros anuales, según el contrato actual, que vence en 2015. De hecho, en febrero el Gobierno catalán anunció el pago de 15 millones para que TV-3 pudiera emitir la Champions las próximas temporadas. El anuncio de Terribas puede cambiar el potencial negociador de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).

Otra carga de profundidad que dejó ayer Homs en el Parlament es el anuncio de que la Generalitat quiere eliminar dos de los seis canales de televisión digital que tiene la CCMA (TV-3, 33, Super 3 y 3XL, el canal de noticias 3/24, el de alta definición TV-3 HD y el deportivo Esport 3) y abogar por "concentrarlos". Según fuentes del sector, Esport 3 y TV-3 HD son las dos cadenas que podrían tener los días contados.En todos los casos se trata de personas con contratos laborales fijos y que fueron despedidas entre los meses de abril y julio de este año, en el marco de las primeras medidas de austeridad que adoptó el actual Gobierno catalán. En todos los casos, las empresas justificaron los despidos por causas económicas y productivas. Y también en todos los casos, para declararlos improcedentes, los jueces argumentan que las empresas públicas no se rigen por la lógica del mercado, por lo que no pueden despedir apoyándose en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, que justifican los despidos colectivos o individuales si las empresas tienen pérdidas o una disminución persistente del nivel de ingresos.

Además de estas sentencias, que excepto una (firme) pueden ser recurridas, hay pendientes otros 14 casos de Forestal Catalana y 22 del Incasòl, que despidió a laborales en abril. Los departamentos afectados, Agricultura y Territorio y Sostenibilidad, no respondieron ayer si recurrirán.

Aunque son empresas distintas, el contexto de los despidos es el mismo: la instrucción de enero de 2011 de la Secretaría de Función Pública y de la Intervención General que instaba a "las entidades del sector público" a reducir antes del 30 de junio "el gasto de personal en el 6% y el 5% los efectivos de personal". En el Instituto Cartográfico, por ejemplo, la instrucción se cumplió a rajatabla: en abril fueron despedidos ocho de sus 240 empleados y se comunicó a cuatro temporales que no serían renovados: en total, 12, el 5% justo. En Forestal Catalana, en julio se prescindió de 22 de 326 laborales.

El abogado Jaume Garcia, del Col·lectiu Ronda, ha representado a los cuatro empleados de Forestal y a una empleada del Instituto Cartográfico. De las sentencias destaca que los jueces, los titulares de los juzgados números 20 y 9 de lo social de Barcelona, argumentan que los artículos 51 y 52 "no son aplicables a empresas públicas porque están pensados para empresas privadas". "Los magistrados dicen que las empresas públicas no se rigen por la lógica de beneficios o pérdidas, ni por los precios de mercado, por lo que la situación deficitaria de la Generalitat no es un argumento para despedir", subraya Garcia, que también recuerda que los jueces aluden al hecho de que los respectivos comités de empresa ofrecieron alternativas a la reducción de plantillas como rebajas salariales, reducciones horarias y prejubilaciones.

"Son sentencias importantes porque hay muchas empresas públicas que están intentando despedir empleados con el argumento de las razones económicas", concluye el abogado. Garcia señala que incluso hay sentencias de lo contencioso administrativo que dan la razón al Inem y "ven que antes de despedir habría que aplicar reducciones de salario o jornada". El presidente del comité de empresa del Instituto Cartográfico, Diego Duran, del sindicato Candidatura Autónoma de los Trabajadores de la Administración de Cataluña (CATAC), entiende que la empresa "se precipitó, aprovecharon una instrucción que no les obligaba a despedir, otras empresas no lo han hecho, y además no escucharon nuestras alternativas". Su homólogo en Forestal Catalana, Jaume Grau (CATAC), celebra que el juez tenga en cuenta que no se tuvieron en cuenta las medidas alternativas que proponían los trabajadores y revela: "Le saldrán más caros los despidos que el importe que pretendía ahorrar: 300.000 euros, y llevan gastados 325.000 en indemnizaciones, sin contar los abogados".