Benestar adelanta a comienzos de año el pago de servicios sociales a ayuntamientos

Este año los ayuntamientos deberían haber cobrado en el primer semestre el dinero que les transfiere la Xunta del Plan Concertado de Servizos Sociais, si se hubiese cumplido la promesa de la conselleira de Benestar, Beatriz Mato. Pero no fue hasta septiembre cuando los alcaldes recibieron las notificaciones del pago y descubrieron entonces recortes en la partida de atención a domicilio para ayudar a quienes no cobran por dependencia. El próximo año podrán evitar esta "desagradable sorpresa", como lo calificó ayer Alberto Núñez Feijóo, porque "sabrán con anterioridad las cuantías" con el objetivo de que puedan planificar sus presupuestos. Además, comenzarán a cobrar la atención a domicilio en los cuatro primeros meses del año y las transferencias para la atención por dependencia se pagarán cada tres meses.

La Consellería de Traballo e Benestar prepara un decreto que se comenzará a aplicar "a principios de 2012" para convertir el modelo a uno "más planificado". Los ayuntamientos cobrarán "no más tarde de abril el 50% de lo que recibieron el año anterior", explicó Mato, mientras que la partida para dependencia se liquida cada trimestre, lo que supone "un importante alivio para las arcas municipales".

El decreto llega tras las protestas de alcaldes de todos los partidos, que se encontraron con recortes de hasta el 93% en la ayuda a domicilio. Dinero que los municipios adelantan cada año a partir de una estimación sobre lo que cobraron el ejercicio anterior. La conselleira admite un recorte de 2,4 millones en el Plan Concertado de este año, de 47 a 44,6 millones, que afecta a la atención en casa y a las ayudas para pagar nóminas de trabajadores sociales. No para la dependencia porque su abono es obligatorio por ley. La secretaria general de Política Social, Coro Piñeiro, cargó ayer en el Parlamento contra los ayuntamientos por este tema. Apeló a la Lei de Servizos Sociais para responsabilizar a los municipios del pago de los servicios comunitarios pese a que el decreto que convoca las ayudas solo pide la colaboración del 6% a los alcaldes.