El juez imputa al alcalde de Tui y a su antecesor por el 'caso Patazumba'

Ocho años después, sigue dando coletazos el caso Patazumba, por el que el exacalde de Tui Feliciano Fernández Rocha y su sucesor, Moisés Rodríguez, llegaron a ser imputados de hasta cinco delitos: contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Tras la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que archivó el caso, consistente en el presunto trato de favor del Ayuntamiento a la inmobiliaria del entonces alcalde, el juzgado de instrucción número 1 de Tui lo ha reabierto, aunque parcialmente. El juez encuentra indicios de delito contra el patrimonio histórico, derivado de dos talas de castaños centenarios en un perímetro de Bien de Interés Cultura. Pese al archivo del resto de acusaciones, Fernández Rocha y Rodríguez, ambos del PP, no salen bien parados del auto, que constata el "favorecimiento económico" de los imputados, producto de sucesivas decisiones municipales.

El exregidor elevó la edificabilidad en una finca de su propia inmobiliaria

El juzgado imputa a Rocha y a Rodríguez un delito contra el patrimonio histórico

El juez del caso Patazumba investigó durante años las gestiones para favorecer la urbanización con la máxima edificabilidad de una finca así denominada por parte de la inmobiliaria Promociones Tuivi, propiedad del entonces alcalde y de su hijo, en la Fernández Rocha es además apoderado. Ambos fueron imputados, como también el ahora regidor, Moisés Rodríguez, en su condición de concejal del equipo de gobierno cuando se produjeron los hechos. Rodríguez es yerno de Fernández Rocha.

El 14 de julio de 2010, la Audiencia de Pontevedra resolvió el sobreseimiento de la causa, por considerar que no aparecía debidamente justificada la perpetración de delito alguno. El juez de Tui enmienda ahora esta decisión, al asumir que "resulta difícil comprender" cómo un caso en el que aparecieron indicios racionales de criminalidad de hasta cinco tipos penales, "todos esos indicios desaparecen hasta el punto de abocar todo lo instruido al fracaso".

La asociación social y cultural Arcebispo Lago, que ejerce la acusación particular contra Rocha, su hijo, Moisés Rodríguez y tres técnicos municipales que también fueron imputados, presentará un recurso contra el nuevo auto, para solicitar que también se investiguen los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y no solo el contrario al patrimonio histórico. El argumento del juez de Tui para no reabrir el caso por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio es una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en octubre de 2008 desestimó un recurso presentado por la Xunta contra las actuaciones del Ayuntamiento de Tui. Pero lo hizo por presentarse fuera de plazo, sin declarar en ningún momento conforme a derecho la actuación urbanística encabezada por Rocha, como precisa la asociación tudense.

La empresa familiar del exalcalde compró la finca Patazumba el 4 de abril de 2003, cuando estaba en vigor una suspensión de licencias con motivo de la redacción de un nuevo Plan General. Cuatro meses más tarde, en pleno agosto, el Ayuntamiento aprobó con precipitación incrementar en tres las alturas máximas permitidas.

Fernández Rocha dictó en los meses siguientes hasta cuatro resoluciones de la alcaldía para cambiar el sistema de compensación a concierto, aprobar el proyecto de concierto, dar luz verde al de urbanización y aprobar los estatutos y bases promovidos por la empresa de la que él era apoderado. La edificabilidad de Tuivi en Patazumba pasó de esta manera de 12.450,20 metros cuadrados a 20.507,48.

En lo que se refiere al delito contra el patrimonio histórico, el juzgado de Tui constata que se produjeron dos talas de árboles centenarios "sin autorización alguna", y que tuvieron por objeto "el aprovechamiento urbanístico" de la inmobiliaria Promociones Tuivi.