La criatura peor diseñada de 1978

¿Y si cerramos el Senado? De seguir como hasta ahora, no perderíamos nada, y un discurso populista encomiaría el ahorro que supondría su cierre. Pero cerrarlo sería igual de difícil que reformarlo. Tendría que lograrse un acuerdo entre los principales partidos parlamentarios para modificar la Constitución. Como yo creo que después de las elecciones, los grandes acuerdos van a ser imprescindibles, la reforma del Senado no debería quedar fuera de ese necesario consenso reformista (que se impondrá, salvo que estemos políticamente más locos de lo que creíamos).

En 1994 se hizo la última reforma en el Senado. En 1998 se cerró cualquier intento de estudiar (¡!) en la propia Cámara su adaptación al Estado de las Autonomías. Hasta hoy.

Como el Senado no cumple su función, lo viene haciendo el Congreso

Aunque no perderíamos nada, cerrarlo es igual de difícil que reformarlo

La situación es límite. Hasta hace poco, el Senado se justificaba por su capacidad de enmendar las leyes, mejorándolas técnica y políticamente. Pero la reciente historia ha ido en sentido contrario. El Senado -y es solo un ejemplo llamativo- ha vetado varias veces nada menos que la Ley de Presupuestos del Estado, y su consecuencia ha sido que el Congreso la ha aprobado definitivamente ¡mucho antes que si el Senado no ha hubiese vetado! Además, el Tribunal Constitucional ha terminado con las ensoñaciones de una Cámara (co)legisladora. Las sentencias STC 97/2002, y STC 119/2011 (por las que se reconoce la absoluta supremacía del Congreso sobre el Senado, y se limita mucho la capacidad de enmienda de la Cámara Alta) vienen a demostrar que nuestro "bicameralismo descompensado" consiste en que el Senado tiene menos poderes a la hora de legislar que una comisión del Congreso de los Diputados. Sin duda, el Senado es la criatura peor diseñada de la Constitución de 1978.

Y, sin embargo, los senadores son elegidos como quieren elegir los ciudadanos a sus representantes: con voto individual y en listas abiertas. Ese deseo expresa la desconfianza ante un sistema de partidos políticos, sobre los que recaen responsabilidades que deberían estar situadas en las instituciones representativas.

La imposibilidad de "un Senado verdadera Cámara de representación territorial" tiene que ver con los defectos del sistema de partidos y del modelo autonómico.

En 1995, la ponencia senatorial que estudió la reforma constitucional de su Cámara quedó impresionada por el análisis de uno de sus comparecientes, el profesor Gumersindo Trujillo: es necesario que las comunidades autónomas participen en las tareas estatales mediante senadores que representen a esas instituciones de autogobierno de "las nacionalidades y regiones" de España, como define, con todas sus consecuencias, nada menos que el artículo 2 de la Constitución. Eso supondría elegirlos simultáneamente a sus Parlamentos autonómicos.

Lo que resulta una anomalía es que los partidos políticos sean las únicas instancias que trasladen la política de las comunidades autónomas a las Cortes Generales, es decir, al Estado. Como el Senado actual no puede cumplir su definición de "Cámara de representación territorial", el Congreso de los Diputados lo viene haciendo. En nuestra Cámara baja hay algunos diputados que ejercen de senadores. Son los que pertenecen a partidos regionalistas o nacionalistas. No presentan candidato para gobernar España, tampoco un programa en consonancia, etcétera, etcétera. En el Congreso actúan como verdaderos senadores. Recordemos al Gobierno negociando con diputados de esos partidos (saltándose a los Gobiernos autonómicos de su misma ideología) asuntos tan importantes como el proyecto de Estatuto de Autonomía, o las transferencias sobre "las políticas activas de empleo". Mientras tanto, los auténticos senadores funcionan como diputados de segunda clase, y es mucho decirlo.

El Senado ya propuso su propia reforma. El Consejo de Estado lo hizo algo después. Hace falta que los partidos políticos se tomen en serio el problema. Si se arreglara cerrándolo, no sería muy difícil. Pero se trata del problema del modelo autonómico del Estado, y del sistema de representación democrática de la nación.

Juan José Laborda es miembro del Consejo de Estado. Fue senador constituyente en 1978 y presidente del Senado (1989-1996)