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Tribuna:LA CUARTA PÁGINA
Tribuna
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A las más jóvenes

Votar en estas elecciones es imprescindible. No son lo mismo unas propuestas políticas que otras; y abstenerse o malgastar el voto puede agravar todavía más la difícil situación de la mayoría y, desde luego, de las mujeres

Dentro de unos días se celebrarán elecciones generales en España, y sabemos que estamos sumergidos en la madre de todas las crisis, una crisis que se lleva por delante empleos, empresas, Gobiernos e ilusiones, y que encima depende mucho de cosas que suceden fuera. Parece que todo da igual y que además todo es un asco. Sobre todo para vosotras que lo vais a tener tan crudo en el mundo laboral y no digamos ya, si, como nos gustaría a la mayoría, nos hacéis abuelas o tías abuelas. Así que ¿para qué ir a votar?

Con la autoridad que nos da la edad, o sea poca, y apoyadas en que las encuestas del CIS señalan que un 3,5% de la población se considera feminista y que a más del 30% le preocupa la igualdad, consideramos que votar es absolutamente imprescindible. Y más en estas elecciones a las que la derecha se presenta unida como una piña, después de haber conseguido casi todo el poder territorial. La izquierda, en cambio llega fragmentada y desconcertada por la crisis y las políticas de ajuste y hay un enorme descontento que propiciará la abstención o el voto en blanco. En las manifestaciones del 15-M se hacen llamadas a esa abstención coreando el lema de "PSOE-PP la misma mierda es".

Uno de los cambios más reales de la democracia ha sido mejorar la situación de las españolas
La crisis sería doblemente penosa con un retroceso en los derechos y las libertades que ya tenemos

Nuestra posición es que este enfoque es peligroso, y especialmente en lo que se refiere a la consideración del papel de las mujeres en la familia y la sociedad, y a nuestros derechos.

Uno de los cambios más reales que se ha producido con la democracia en España ha sido el de la situación de las mujeres: en formación, en participación en el mercado laboral y en la política. Además, hemos avanzado mucho con leyes que protegen nuestros derechos y establecen políticas de igualdad. La ONU reconoce a España como uno de los países más avanzados en esta materia. Antes no era así, sino al revés. Las mujeres españolas íbamos en el furgón de cola. Vuestras abuelas y algunas de nosotras mismas necesitábamos el permiso de los maridos para cualquier asunto legal, ellos tenían la patria potestad y bastantes ocupaciones y estudios estaban prohibidos a las mujeres. Las niñas tenían menor escolarización, estaban separadas de los niños en colegios y clases diferentes, y los métodos anticonceptivos se consideraban un delito incluido en el Código Penal.

Todo eso ha ido cambiando, en algunos casos con grandes dificultades y la oposición sistemática de la derecha política española. Sin ir más lejos, el PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional leyes como la de la despenalización del aborto de 2010 (también había recurrido la de 1985 la antigua Alianza Popular), el matrimonio entre personas del mismo sexo o la Ley de Igualdad.

Una de las razones de esta oposición es el peso de la jerarquía de la Iglesia católica, no tanto entre la ciudadanía, sino entre una parte importante de las élites políticas conservadoras. Podremos manifestar nuestra europea superioridad sobre los países en los que impera el fundamentalismo religioso, pero nuestra sociedad también dispone de sus propios gérmenes integristas que pretenden extenderse por ella, a través de medios de comunicación o de los colegios, e imponer como obligatorias sus creencias, mediante la acción de gobierno y la legislación.

En este sentido el debate sobre la educación en España, por ejemplo no se limita a la proporción entre escuela pública y privada concertada, en la que somos el segundo país europeo con más enseñanza privada de la UE, con un 33%. Hay que tener en cuenta, además, que la mayor parte de la educación privada en España es católica.

Mucha gente piensa que da igual lo que se vote, y que el margen de maniobra de cualquier Gobierno en esta crisis interminable, que puede ser no solo una crisis sino un cambio de época, es nula. Este razonamiento se basa en el fracaso del "sistema" en su conjunto y en que unas elecciones no solo no resuelven la situación, sino que apuntalan la misma farsa en la que el rescate a los bancos convive con dejar en la cuneta a millones de personas. Por tanto, no solo da igual a quién se vote, sino que lo mejor que se puede hacer es no votar, votar en blanco o votar a partidos que no tienen la mínima posibilidad de gobernar. Con este escenario los programas de las formaciones políticas carecen de significado. De hecho son papel mojado, listas interminables de buenos propósitos o, en el caso del PP, de indefinición, una indefinición que busca no ahuyentar el voto.

Pero con indefinición y todo, el programa del Partido Popular da unas cuantas pistas interesantes. En cuanto a estructura por ejemplo: el aborto se trata en el epígrafe dedicado a la familia, con una nítida propuesta de reforma de la actual ley, en el sentido de garantizar el derecho a la vida. Regreso a 1985, o quizá a tiempos más remotos.

En cuanto al capítulo de igualdad, es de una levedad extrema recuperando el discurso de la conciliación entre vida familiar y laboral, que, sin servicios públicos de apoyo, se reduce a que cada una se lo monte como pueda. El epígrafe se remata con una propuesta de modificación de la Ley contra la Violencia de Género, sin detallar en qué consiste la modificación propuesta.

En política económica se combina la oferta imposible de bajada de impuestos, con el mantenimiento sin recortes de servicios y la contención del déficit. Y, por lo que vemos en los Gobiernos autónomos del PP, los recortes se están produciendo ya.

No cabe duda de que el sector público deberá prescindir de lo superfluo y mejorar en eficiencia, pero al conjuro de la austeridad como única vía de salvación se pueden deteriorar sin remedio los sistemas públicos de sanidad y educación, o el apoyo a las personas en situaciones de dependencia. Esto supone un peligro para todo el mundo, pero también una sobrecarga para vosotras en el futuro, ya que las mujeres seguimos siendo las principales cuidadoras de la familia y no es indiferente que haya escuelas infantiles o ayuda en la atención de personas mayores.

Sois probablemente la generación de mujeres mejor formadas y preparadas de la historia de nuestro país, pero salís al mercado laboral con una nueva recesión en ciernes, que sería doblemente penosa con un retroceso en los derechos y las libertades que vosotras tenéis, y no tuvieron vuestras abuelas.

Ya que otras cosas son más nebulosas en el programa del PP, detengámonos en la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta 1985, fue un delito, que se despenalizó parcialmente en determinados supuestos. Antes de esa fecha las mujeres con medios económicos viajaban al extranjero, y las que no los tenían recurrían a métodos inseguros que comprometían su salud, además de su libertad. La despenalización se concretó en los casos de peligro para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformaciones fetales graves. Como en el caso de peligro para la salud de la madre no se especificó plazo, la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se producían por causas psiquiátricas. Y así entre 1985 y 2010, o sea durante 25 años, más del 90% de las interrupciones se produjeron por causas psiquiátricas o mentales. Un especialista certificaba el trastorno mental de la mujer.

La diferencia determinante con la ley de 2010, es que pasando de un modelo de "indicaciones" o excepciones en la penalización, a uno de plazos, se permite que hasta la decimocuarta semana de gestación el aborto no sea delito, y que la mujer pueda tomar la decisión. Este sistema se ha demostrado eficaz en otros países para disminuir el número de abortos tardíos y también el número total de abortos. Los datos en España parecen confirmar la experiencia internacional.

¿Cuál es la razón por la que el PP propone cambiar la ley? No queda más remedio que temer la influencia de la integrista jerarquía católica en las filas conservadoras, que con una composición exclusivamente masculina, está tan a favor de la autonomía, la representación y los derechos de las mujeres en la sociedad civil, como en su propia organización.

No son lo mismo unas propuestas políticas que otras, y no votar, regalar el voto o votar a quien nunca gobernará, puede ser una salida que agrave todavía más la difícil situación de la mayoría y desde luego la de las mujeres.

Firman este artículo Carmen Alborch, Elena Arnedo, Delia Blanco, Patrocinio de las Heras, Rosa Escapa, Virginia Maquieira, Nicole Muchnik, Rosa María Peris, Amparo Rubiales y Francisca Sauquillo.

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