El juez permite que el edificio de Nou Barris siga ocupado

El Movimiento 15-M ha obtenido una victoria inesperada en los tribunales. El edificio de Nou Barris que fue tomado por los indignados el pasado 15 de octubre podrá seguir ocupado. Las 10 familias sin recursos que viven allí desde entonces no tendrán que desalojar la finca porque el juez ha decidido archivar la denuncia contra ellos interpuesta por la propietaria, Cajamar, por un presunto delito de usurpación.

La decisión no es firme. Además de recurrir el auto, la caja de ahorros puede acudir ahora a la vía civil -más lenta y compleja, a priori, que la penal- para expulsar a los ocupantes. Tras escuchar a los ocho imputados que pudieron ser identificados por los Mossos d'Esquadra, la fiscalía pidió el desalojo de la finca porque se había vulnerado el derecho a la propiedad.El titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés, describe la ocupación de Nou Barris como un fenómeno "novedoso" del que "no es fácil encontrar antecedentes históricos ni jurisprudenciales". El juez alude a la forma en la que se ejecutó la operación: primero, tras la manifestación global de indignados del 15-O, un grupo de personas entró en el edificio. Esas personas "no utilizan personalmente los pisos", sino que "los gestionan" con una finalidad "política y reivindicativa". "Ninguno de ellos ha sido identificado ni, previsiblemente, lo será", concluye el magistrado.

Las familias, en cambio, entraron a vivir en los días posteriores y por decisión de una "asamblea" de indignados. El juez cita la declaración de un imputado, Ahmed C., quien afirmó que llevaba varios días viviendo en la calle con su mujer y sus hijos y que estuvo "dos días haciendo cola" para exponer su caso. Al final, los gestores del Edificio 15-O le asignaron piso. Por tanto, concluye el auto, los ocupantes están allí bajo "autorización" de los indignados y son "sucesores en la posesión de estos, no de los propietarios".

El juez valora que se trata de una "situación temporal" por la "carencia absoluta de techo" de los ocupantes, que tienen "planes" para abandonar el inmueble en las próximas semanas. Y añade que, al ser la finca de titularidad compartida -Cajamar es propietaria de los pisos, pero no de los garajes o los locales- "no se pueden tomar determinaciones relevantes" hasta que los propietarios se pongan de acuerdo.

Cajamar obtuvo el edificio en agosto, cuando la promotora se lo dio en pago por una hipoteca a la que no pudo hacer frente. El juez considera que la caja de ahorros ni siquiera ha intentado ponerse en contacto con los ocupantes para expresarles su rechazo. Y añade que no ha aclarado "sus intenciones inmediatas" sobre el edificio, que está en obras y "en situación de total indefinición".