El impago de alquiler se dispara y entra en vigor el 'desahucio exprés'

La crisis no solo está provocando que sus víctimas no puedan pagar la hipoteca: la morosidad ha alcanzado al alquiler. A falta de cifras oficiales, que no existen, las entidades que lidian a diario con familias en apuros han encendido la luz de alarma. Cáritas ha visto cómo su presupuesto en ayudas al pago de vivienda se ha disparado de 4,5 millones el año pasado a 5,2 millones para este. Es una previsión que duplica la cantidad que destinaba hace cuatro años (2,5 millones) y que representa más de la mitad de las ayudas que dedica Cáritas a sus usuarios. Y no solo son ayudas al alquiler, sino también al realquiler, a pagar habitaciones en las que viven familias enteras, destaca la responsable del servicio de mediación de la organización, Carme Trilla. También las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, y pese a no dedicarse hasta ahora al tema, han detectado el fenómeno y aumenta el número de personas que acuden a las asambleas buscando ayuda porque no pueden pagar, asegura su portavoz, Ada Colau.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad, Joan Ollé, lo corrobora: la morosidad ha aumentado. Oller no facilita cifras porque, dice, el del alquiler es un mercado atomizado de pequeños propietarios. La morosidad ha alcanzado incluso al parque público de pisos de alquiler, en el que las mensualidades están muy por debajo del precio de mercado. En lo que va de año está en el 4,72%, indica el secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala. "De enero a agosto hemos destinado 2,5 millones de euros a ayudas de emergencia para evitar desahucios", alerta.

El aumento de la morosidad coincide con la entrada en vigor de la conocida popularmente como ley del desahucio exprés, por la que los propietarios pueden denunciar desde el primer mes de impago y en la que ya no se celebra juicio previo al desahucio. La nueva normativa tiene el paraguas de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Desde el lunes pasado, día en que entró en vigor, cuando el propietario presente una demanda por impago, el secretario judicial dará 10 días al inquilino para que pague, se marche o presente alegaciones. Si transcurrido este periodo el inquilino no ha actuado, el secretario puede fijar fecha de desahucio, previa solicitud del propietario, sin necesidad de que se celebre un juicio. Esta modificación completa la aprobada en 2009, que redujo de dos meses a uno el plazo que debe transcurrir entre el requerimiento de un impago por parte del propietario y la presentación de una denuncia contra el inquilino.

El Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ha alertado esta semana de que en el momento de crisis actual y con las elevadas cifras de paro "esta es una medida injustificable". El abogado del observatorio, Jaume Asens, ve la nueva ley como "una nueva vuelta de tuerca en las políticas neoliberales". "Para agilizar el mercado de la vivienda, se dan facilidades al propietario, cuando habría que proteger al inquilino", considera. Además, cuestiona que con la nueva ley hay menos control judicial de los casos, porque se da protagonismo a los secretarios, de menor rango.

Desde la Generalitat, el secretario de Vivienda se muestra "tremendamente escéptico" sobre la eficacia de la nueva ley y la capacidad de los juzgados para hacerla cumplir, "por la situación de colapso que viven". Pese a entender, asegura, el riesgo que la nueva ley conlleva para las familias que están en una situación crítica, Sala defiende el desahucio exprés con el argumento de que "para tener un buen parque de alquiler es tan importante que las familias tengan una buena situación económica como que haya garantías para los propietarios".