El Gobierno soporta el coste de la dependencia en cuatro regiones

La eterna batalla mantenida entre las comunidades y el Gobierno sobre quién aporta más dinero al sistema de la dependencia parece, por fin, dilucidada. O, al menos, se ha conocido un dato que se ha mantenido oculto durante estos años: cuánto cuestan los dependientes que han obtenido su ayuda por primera vez desde que se aprobó la ley, sin incluir a aquellos que ya estaban siendo atendidos, por ejemplo en geriátricos o con ayuda a domicilio. Son 3.624 millones de euros. Esa es la cifra del año pasado, a la que el Gobierno ha aportado 1.828 millones y las comunidades 1.538. Los 257 millones que faltan para el total los ponen los beneficiarios de su bolsillo.

Las comunidades y el Gobiernos están obligadas a financiar la ley a partes iguales, sin embargo, el esfuerzo está siendo muy dispar. La dependencia en Canarias, Valencia, Madrid o Galicia la costea el Gobierno. Los datos oficiales de la evaluación de la ley, los que el Ministerio de Sanidad y Política Social ha recabado durante meses de las comunidades, indican que en Canarias, el año pasado, el Gobierno aportó el 90% del coste de la ley, el 85% en Valencia, el 74% en Madrid o el 73% en Galicia. Esto revela el esfuerzo hecho por cada uno para aplicar la ley. Porque las comunidades atienden y pagan a muchos otros ancianos, pero no es un gasto nuevo. Las tres que, siguiendo esta evaluación que hoy se presenta en Consejo de Ministros, han aportado más de lo que debían son el País Vasco (64%), La Rioja (61%) y Andalucía (54%).

Entre 2009 y 2010 el sistema ha creado 165.000 empleos

La inversión total para este nuevo derecho supone el 0,64% del PIB

Las comunidades se vienen quejando durante años de que aportaban alrededor del 70% del coste de la dependencia. Pero eso no es del todo justo, a la vista de los datos conocidos ahora.

El coste total del sistema de la dependencia -aquí sí se incluyen aquellas personas que están registradas en el sistema y por las que el Gobierno ha puesto dinero nuevo, no así todas las comunidades- alcanzó el año pasado 6.301 millones de euros, lo que representa un 0,64% del PIB, el doble de lo que suponía en 2003. El 95% de ese gasto, es decir, 5.969 millones corresponde a las ayudas destinadas a los beneficiarios, tanto prestaciones económicas como servicios. Del total de ese coste, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha aportado 1.828 millones de euros, un 30,6%, y el resto lo habrían puesto las comunidades autónomas (60%) y los ciudadanos mediante el copago (9%), en cifras redondas. Pero estas ya parecen cuentas antiguas. Aquí no está separada la paja del grano. Cuentas así ya las hizo en su día la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, haciendo estimaciones con los costes de las ayudas que recibían los dependientes. Este periódico publicó esas cifras, que apenas diferían de esos 5.969 millones que da el Gobierno. Pero nunca se pudo calcular el verdadero esfuerzo de unos y de otros para sufragar una ley nueva porque no se disponía de ese dato. Se sabía, por ejemplo, que Madrid -otras también lo hicieron, pero no con tanta abundancia- había incluido en el sistema de la dependencia a miles de ancianos que ya estaban siendo atendidos en los geriátricos con presupuestos de la comunidad. Esa trampa no impidió que el Gobierno pagara por cada uno de ellos. Por eso la asociación mencionada hablaba de que las comunidades estaban "haciendo caja" con la ley. El caso de Canarias ha sido siempre paradigmático.

La cuestión es que, a medida que avanza el sistema de la dependencia, se observa que el gasto nuevo cada vez es mayor mientras que el consolidado tiende a disminuir. Por lo tanto, si no se equilibran las cuentas, el Gobierno aportará demasiado en unas comunidades mientras que otras sufrirán cada vez más e injustamente el coste del sistema.

La inversión total en este el año pasado, los 6.301 millones de euros, representan un 0,64% del PIB, el doble de lo que suponía en 2003. Por hacer una comparación sencilla, la inversión en educación representa un 4,9% del PIB, 52.700 millones de euros en 2010. ¿Es sostenible la Ley de Dependencia? El Gobierno cree que sí. Y además genera empleo. Solo entre 2009 y 2010 se han creado gracias a la ley 165.000 trabajos, el 74% relacionados directamente con la atención a las personas con dependencia, y el resto empleos indirectos en otros sectores productivos.

Por otro lado, la implantación de la ley está generando jugosos retornos a las arcas públicas. En los dos últimos años mencionados, los ingresos públicos habrían alcanzado 1.272 millones de euros, según los datos oficiales. Los cálculos del Gobierno indican que recuperan 20 céntimos por cada euro invertido. Pocos sectores pueden hablar de creación de empleo en estos tiempos. Si la enorme lista de espera, más de 300.000 ciudadanos que aún no han recibido su ayuda, estuviera atendida, el número de empleos sería aún mayor.

Esta evaluación -debió haberse publicado el año pasado-, tendría que pasar por consejo territorial, para que comunidades y Gobierno la aprobaran, pero eso no podrá ser porque ya hay elecciones convocadas.