La Generalitat negocia con los bancos para forzar la mediación en los desahucios

Las reivindicaciones del movimiento 15-M comienzan a dejar poso y no solo en forma de promesas electorales. El Gobierno catalán anunció ayer que está negociando con las principales entidades financieras que trabajan en Cataluña un convenio para forzar la mediación en los casos de amenaza de desahucio. Se trata de evitar que la única opción en caso de impago sea dejar en la calle a los ocupantes de las viviendas. El Gobierno tripartito puso ya en marcha un servicio de mediación, Ofideute, que ha conseguido paralizar al menos 260 desahucios, pero se quiere reforzar esta oficina mediante la firma de un convenio con las entidades bancarias.

Se trata de que las personas con problemas para pagar la hipoteca de su vivienda habitual puedan negociar con el banco con la mediación de la Generalitat. El objetivo del Gobierno será que la entidad financiera acepte que las familias puedan retrasar los plazos y los periodos de carencia, que los intereses de demora no superen en 2,5 veces el precio del dinero y la dación en pago o que las familias puedan permanecer en las viviendas en régimen de alquiler con opción a compra.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, explicó ayer tras la reunión semanal del Ejecutivo, que se intentará establecer un marco común entre las entidades que operan en Cataluña para que se avengan a "uno o todos estos criterios". La idea, para las hipotecas ya firmadas, es que los convenios los firmen las entidades con los Departamentos de Economía y de Territorio y Sostenibilidad. De Territorio dependen las políticas de vivienda y el servicio Ofideute. En el caso de las futuras hipotecas, la Generalitat está impulsando la modificación del Código de Consumo de Cataluña para que quede establecido que el consumidor recibe la información adecuada y completa -la conocida como letra pequeña- y que los intereses de demora no superen en 2,5 el precio del dinero.Homs destacó que el Gobierno espera firmar "a principios de enero" y señaló la "buena predisposición de todos los actores, comenzando por las entidades que operan en Cataluña". El portavoz se mostró poco confiado en poder obligar a cumplir los criterios a bancos extranjeros o que operan por Internet. Otras fuentes del Gobierno explicaron que las negociaciones con los bancos se encuentran en una "fase inicial".

La firma de este convenio marco agilizaría el trabajo de Ofideute, que comienza de cero la mediación en cada caso. Desde su puesta en marcha hace dos años el servicio ha conseguido evitar 259 desahucios, según sus responsables. Desde finales de 2009, cuando la puso en marcha el tripartito, ha recibido un total de 700 peticiones de personas que no podían pagar los préstamos de su vivienda. En el 37% de los casos la mediación de la Administración con los bancos ha evitado el desahucio.

La solución alcanzada tras la negociación no ha sido siempre la misma: en algunas ocasiones el banco ha aceptado la dación en pago (se ha quedado con el piso, a cambio de saldar la deuda, y no solo del 50% de la hipoteca como ocurre habitualmente). En otros casos, ha aceptado una moratoria en el pago de las cuotas o una rebaja de las mensualidades hasta que las familias puedan pagar.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en España se producen 150 desahucios al día. En el primer semestre de este año un total de 31.995 personas han sido expulsadas de su casa por no poder pagar, una cifra que bate todos los récords registrados hasta la fecha.

Más a largo plazo el Gobierno catalán espera poder incidir en las condiciones bajo las que se conceden hipotecas para acabar con situaciones que se acercan al fraude o que, como mínimo, rozan la usura. El Ejecutivo está trabajando en la modificación del código de consumo para obligar a las entidades a informar con más concreción y claridad de las condiciones de retorno de los créditos. Y quieren obligar a que ningún contrato pueda establecer penalizaciones excesivas en caso de retraso en el pago de una o varias cuotas. Concretamente, pretenden que las entidades se comprometan por escrito a no cobrar un interés superior a 2,5 veces el precio oficial del dinero en caso de impago. Con todo, Francesc Homs, admitió ayer que el margen de la Generalitat es "escaso".