El Superior fuerza a Interior a resolver más rápido las sanciones a 'ertzainas'

Los 10 meses que el reglamento disciplinario de la Ertzaintza fija como plazo máximo para la resolución de los procesos iniciados por la apertura de expedientes sancionadores a los agentes no se ajustan al ordenamiento vigente. Así lo ha determinado una reciente sentencia del Tribunal Superior vasco, que ha rebajado ese período de tramitación a medio año para adaptarlo al límite que recoge la norma que rige para el conjunto del funcionariado en España, la única con rango de ley. El fallo reconoce la discriminación que, con respecto al resto de los trabajadores públicos, ha supuesto para los integrantes de la Policía vasca el sometimiento a su reglamento interno.

La resolución, dictada en septiembre por la Sala de lo Contencioso del alto tribunal vasco y contra la que no cabe recurso, deja claro que el plazo fijado para la resolución de los procedimientos internos en la Ertzaintza solo puede exceder de los seis meses referidos "si una norma con rango de Ley así lo establece". Un supuesto que no se recoge en la Ley de Policía Vasca ni en la Ley de la Función Pública Vasca. "No existe", por lo tanto, "cobertura legal para establecer un plazo de diez meses de caducidad", como el que regía hasta ahora.

Erne recurrió al tribunal el castigo disciplinario a un agente en 2008

La consejería no ha calculado aún las consecuencias sobre otros procesos

La sentencia responde a un recurso presentado por el sindicato Erne contra la suspensión de empleo y sueldo por cuatro años con la que el Departamento de Interior castigó a un ertzaina por la comisión de dos faltas graves. Más allá de las cuestiones de fondo, la apelación se escudaba en la caducidad de una sanción que casi se había tardado diez meses en comunicar al propio agente. El expediente se inició en enero de 2008 y no fue hasta noviembre de ese mismo año cuando el afectado conoció su pena. Tras el rechazo inicial por parte de un juzgado de Vitoria, el Superior ha estimado finalmente el argumento de la central frente a los diez meses de plazo que, en virtud de su reglamento interno, defendía la consejería.

Los hechos objeto de juicio se remontan a finales de 2007, cuando el ertzaina objeto del expediente disciplinario cometió una "negligencia" al dejar su arma reglamentaria en su domicilio y a la vista, sin las preceptivas medidas de seguridad. Esta imprudencia permitió que su esposa, "fruto de sus circunstancias personales", recuerda la sentencia, se suicidara disparándose con ella. El sobreseimiento de la causa penal abierta contra el afectado le exoneró de la "intención dolosa" y una posible pena de prisión, pero no evitó la sanción interna de cuatro años que le impuso el departamento, dirigido entonces por el PNV.

Al agente se le sumó así l dolor generado por la pérdida de su mujer y la dificultad de mantener, sin trabajo ni sueldo durante cuatro años, a su hijo recién nacido.

El fallo del alto tribunal ha dejado finalmente sin efecto el castigo impuesto al ertzaina por parte de Interior. La consejería ni siquiera tendrá la oportunidad de reabrir el proceso interno, ya que las faltas graves prescriben a los dos años y, en este caso, aunque fueron dos las impuestas, contabilizan por separado, por lo que el plazo previsto ya se ha superado. Solo las tipificadas como muy graves prolongan en el tiempo su vigencia, hasta los seis años.

Las consecuencias de la resolución, que es firme, son impredecibles, ya que podría dejar sin efecto varios de los procedimientos que la consejería mantiene abiertos y que han superado los seis meses de tramitación que la sentencia ha fijado como límite, frente a los diez con los que contaba el departamento. En las reuniones mantenidas con los sindicatos, Interior no ha facilitado datos a este respecto.

Todas las causas que no hayan prescrito se podrán reiniciar, aunque supondrán un quebradero de cabeza añadido para la consejería, debido a la compleja tramitación administrativa que requieren. El departamento, además, se verá obligado a agilizar de forma sensible la gestión de los nuevos expedientes sancionadores.