El TSJC decide analizar la irrupción de los Mossos en los juzgados

La irrupción, sin previo aviso, de los Mossos d'Esquadra en la cafetería de la Ciudad de la Justicia amenaza con abrir una brecha entre los jueces y el Departamento de Interior. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha convocado una reunión extraordinaria para la próxima semana en la que se analizarán los incidentes. El juez Eloy Velasco había ordenado tomar declaración y citar en la Audiencia Nacional a 22 indignados del 15-M que participaron en el acoso a políticos catalanes a su llegada al Parlament el 15 de junio. Seis de ellos se presentaron ante el juez de guardia de Barcelona el jueves pasado, pero 50 mossos entraron en el edificio y los detuvieron.

Los indignados mostraron su "disposición" a declarar ante el juez. Este alertó a la Audiencia Nacional pero no dio con Velasco. Los Mossos afirman que lograron la autorización de la Audiencia para detenerlos, pero fuentes de este tribunal aseguran que los agentes solo informaron de los arrestos una vez realizados.

Ni el juez de guardia, Josep Maria Miquel Porras, ni la juez decana de Barcelona y responsable del edificio, Maria Josep Feliu, fueron avisados de la actuación policial. Además de convocar la reunión de la Sala de Gobierno, el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, ha pedido a los dos jueces un "informe exhaustivo".

A la espera de lo que concluyan los jueces, Interior trata de atemperar los ánimos. El director de la policía, Manel Prat, lamentó el "malentendido" y entre los juzgados de Barcelona, los Mossos y la Audiencia. Prat puntualizó que los Mossos no actuaron de mala fe y se mostró dispuesto a restituir las relaciones con los jueces "si se ha producido alguna fricción o desconfianza".

Tres de los indignados detenidos anteriormente declararon ayer en la Audiencia que no pretendieron "ejercer la violencia" sobre los diputados. Los tres quedaron en libertad, con obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio.El informe de los Mossos d'Esquadra sobre los hechos describe cada uno de los ataques físicos y verbales que sufrieron los diputados catalanes a las puertas del Parlament. En el documento, la policía describe los ataques y propone una relación de identificados (46, en un primer momento) tras analizar las imágenes grabadas por las cámaras de televisión, así como otros vídeos aparecidos en Internet. De esos identificados, la mayoría son españoles, aunque también hay algunos italianos.

El primer bloque del informe analiza el bloqueo al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y se cita las acciones de tres personas: una que "impide el paso del vehículo con un brazo en alto", otra que "se abalanza contra el capó" y otra que "golpea e impide que el vehículo avance". Se localiza también a un cuarto individuo que "tira un cono al vehículo del presidente".

La Generalitat acusa

En el caso de Montserrat Tura, aparece involucrada una sola persona, un hombre que "pintó con un pulverizador una cruz negra" en su espalda. En su denuncia, Tura afirmó haber recibido insultos, "empujones" y escupitajos. Y añadió que no podía reconocer a nadie. La diputada del PSC cifró los daños sufridos en 420 euros: 140 euros por la gabardina, 180 por la chaqueta y 100 por un bolso con asa negra. Junto a Tura, otros tres diputados, todos de CiU, interpusieron denuncia dos días más tarde: Gerard Martí, Josep Maria Llop y Ana Isabel Marcos.

La Generalitat, por otro lado, se ha personado como acusación particular en la causa contra los indignados, precisaron fuentes judiciales.