Asalto policial a los juzgados

El esperpento recorrió ayer los juzgados de Barcelona, asaltados sin previo aviso por medio centenar de policías antidisturbios. Armados, con pasamontañas y a paso ligero, los

mossos irrumpieron en las espléndidas instalaciones de la Ciudad de la Justicia para detener a seis de los indignados que el pasado 15 de junio participaron, presuntamente, en el cerco al Parlament y el acoso a diputados. Los indignados, a los que la Audiencia Nacional ha citado a declarar como supuestos autores de un delito contra las instituciones del Estado, habían acudido al juzgado para mostrar su disposición a declarar. Esperaban en la cafetería cuando, para sorpresa de todos, la Brigada Móvil entró en escena.

La inaudita invasión policial fue la cumbre de una rocambolesca historia arrancó por la mañana, cuando 9 de los 22 imputados por los hechos del Parlament se presentaron, de forma voluntaria, ante el juez de guardia. Querían evitar el engorro que han sufrido otros 10 indignados -la detención- y ponerse a disposición de la Audiencia Nacional. Así lo hicieron constar en un documento que firmaron ante el juez, en el que anotaron su domicilio.

El juez de guardia, Josep Maria Miquel Porras, remitió un escrito al juez que instruye el caso, Eloy Velasco, para informarle de la presencia de los jóvenes y saber qué debía hacer. Pero no obtuvo respuesta porque "no hubo forma humana" de encontrar a Velasco "en toda la mañana", detallaron fuentes judiciales. De los nueve indignados, seis decidieron esperar su suerte en el edificio. Otros tres se fueron.

En un ambiente dominado por los trajes y corbatas de los abogados, la presencia de los indignados llamó la atención de un responsable de seguridad de los Mossos en la Ciudad de la Justicia, que alertó a sus superiores. La policía autonómica tuvo más suerte que el juez Porras. A través de su enlace en la Audiencia Nacional, los Mossos presionaron a los funcionarios del juzgado y lograron contactar telefónicamente con Velasco. Este transmitió a la policía que actuara según lo acordado y avaló, así, las detenciones. Mientras tanto, los agentes de seguridad cerraron algunas puertas del edificio y agentes de paisano se acercaron a la cafetería, situada en el sótano.

Mientras el juez barcelonés seguía sin noticias de Madrid, la policía activó un dispositivo contundente. A pesar de que los indignados no representaban ninguna amenaza, el Departamento de Interior decidió enviar a su principal fuerza de choque, los antidisturbios, porque "eran los que estaban más cerca de la Ciudad de la Justicia", justificó un portavoz.Poco antes de las tres de la tarde, siete furgonetas de la Brimo se plantaron frente a las puertas del recinto y los 50 mossos tomaron la Ciudad Judicial sin que ningún mando alertara de ello a la máxima responsable del recinto, la juez decana de Barcelona Maria Josep Feliu. Se da la circunstancia de que Feliu estaba comiendo en la cafetería-restaurante donde también esperaban los indignados. De modo que pudo presenciar la actuación policial, informaron fuentes judiciales.

Tras identificarlos, los antidisturbios trasladaron a los imputados al auditorio que hay anexo a la cafetería. El juez Porras, que también había salido a la calle, fue alertado por un abogado de la extraña situación que se había generado e irrumpió en el hall hecho una furia: "¡Quiero aquí al responsable de este operativo!", gritó. El jefe de seguridad que dio el aviso y un mando de los antidisturbios entraron con él en el despacho para discutir el asunto. Y allí estaba ya la escueta comunicación de la Audiencia Nacional, en el sentido de que había dado "órdenes directas y oportunas" a los Mossos sobre lo que debían hacer. El juez de guardia sabía, al fin, que debía desentenderse del caso.

Durante la intervención policial en el bar "cayeron mesas y sillas" y alguno de los imputados "se llevó un golpe", según transmitieron después algunos de los imputados a personas vinculadas al Movimiento 15-M. A través de una puerta lateral, los antidisturbios sacaron a la calle a los jóvenes esposados. Alguno de ellos gritó: "Dicen que nos llevan a Madrid". Pero no era verdad. Los indignados fueron llevados en los vehículos policiales a la comisaría de Sants-Montjuïc, el mismo lugar que, con su comparecencia voluntaria, habían querido evitar. En los próximos días deberán declarar ante la Audiencia por un delito que conlleva penas de entre tres y cinco años de cárcel.

El inédito despliegue ha creado malestar entre algunos jueces por puentear a la juez decana y al juez de guardia. Los Mossos lamentaron la "disfunción" de no alertar al juez de guardia, pero añadieron que actuaron por orden de la Audiencia y que es el tribunal el que tiene la obligación de alertar al juez de guardia.

Tampoco fue del agrado de la prensa porque, mientras duró la escena, los policías requisaron los DNI a algunos periodistas durante 15 minutos y les impidieron moverse por el recinto e incluso hablar con las personas que estaban al otro lado del cordón policial.

Tampoco ha gustado la gestión que ha hecho del caso Velasco. Uno de los abogados, Jaume Asens, anunció que estudiará emprender medidas legales por una conducta que considera impropia de un juez.