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Editorial:

En curso de recesión

El aumento del paro en septiembre augura otra contracción económica y más alarma social

Después de tres años de crisis financiera y una recesión mal curada, el desempleo se ha convertido en un problema alarmante para la sociedad española. No solo es el más grave, sino también el más desmoralizador y, sobre todo, el mal para el que no se conocen soluciones razonables a medio plazo. El paro registrado en septiembre ha mostrado su peor cara: durante el mes pasado aumentó en casi 96.000 personas, el peor septiembre de la historia laboral, mientras que las cotizaciones a la Seguridad Social sufrieron una caída casi catastrófica de casi 65.000 cotizantes. Es evidente que las explicaciones oficiales de esta explosión del paro (recortes de inversión y empleo público en las comunidades autónomas) o las que hacen hincapié en la creación excepcional de contratación temporal en julio en el sector servicios durante el verano, no suponen un consuelo para la ciudadanía; antes bien, adelantan que la situación laboral irá a peor durante los próximos meses. La pretensión del Gobierno de crear 100.000 empleos este año ha fracasado.

Con este nivel de desempleo es inevitable calcular que el crecimiento económico va a pasar en breve plazo, desde la fase de casi estancamiento vivida en los dos últimos trimestres, a otra en que puede asomar un riesgo cierto de nueva recesión. El empleo es fundamental para recuperar expectativas de demanda interna y, por tanto, de crecimiento. No es posible sostener la esperanza de recuperación solamente en la aportación de la demanda externa; por tanto, si no se produce en los próximos meses algún atisbo de repunte de la inversión y el consumo, la recesión pasará a convertirse en una desagradable realidad, con los efectos probables de pauperización que acarreará una nueva contracción de la economía sobre una sociedad que se aproxima ya a los cinco millones de parados.

La vertiente del coste del desempleo es otro factor que comprime las opciones de crecimiento. Equivale al 3% del PIB y, como derecho reconocido según las leyes vigentes, su pago no se puede ni se debe evitar. Cualquier recorte de las prestaciones se entendería como una demostración de injusticia social punible en las urnas. Y si alguien la sugiere (como acaba de hacer la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal), debería también explicar cuál es el coste de los recortes en cuanto al mantenimiento de la cohesión social y de la demanda interna.

No hay fórmulas rápidas para crear empleo; cualquier promesa política que presuma de disponer de una es un fraude. Pero sí son posibles las acciones de estímulo, aunque sus efectos no se aprecien a corto plazo. En primera instancia, con los incentivos al aumento del consumo y la inversión que se puedan financiar; también con premios fiscales selectivos a la contratación y con una reforma laboral algo más profunda que la patrocinada por el Gobierno actual para que favorezca la creación de empleo desde el primer atisbo de recuperación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de octubre de 2011