Bruselas precisa que el 87% de las ayudas aún no han sido recuperadas

La Comisión Europea muestra un elevado grado de hartazgo respecto de la actitud de las Diputaciones en relación a las vacaciones fiscales, las ayudas forales a empresas en los años noventa que Europa ha declarado ilegales y cuya devolución por las firmas que las reibieron reclma. En el escrito que la Comisión ha remitido al Tribunal de Luxemburgo justificando la imposición de dos multas a las tres Haciendas forales, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Bruselas cuantifica el incumplimiento de las Diputaciones: del total de ayudas ilegales concedidas, tienen que recuperar aún el 87%.

Diez años después de la primera decisión europea, que consideró en 2001 esas ayudas como de Estado, y por tanto opuestas a la legisalción comunitaria, la Comisión limita las cantidades recuperadas a apenas el 13% y eso incluso "aceptando la lista de beneficiarios y los montantes de ayuda ilegal indicados por las autoridades españolas" a partir del año 2007.

La Comisión critica que se han aplicado rebajas a empresas improcedentes

El Tribunal de Luxemburgo recibe la argumentación sobre las multas

"En el caso de autos, España [las Diputaciones son representadas por el Estado] ha incumplido las obligaciones que le incumben para dar cumplimiento a las decisiones de 2001 y a la sentencia de 2006, al no haber recuperado todas las ayudas ilegales e incompatibles", recalca la Comisión en su escrito al Tribunal de Justicia de la UE.

Frente a la tesis de la Diputación de Bizkaia de que las multas y la exigencia de devolución responden a un ataque político del actual comisario de la competencia, el socialista Joaquín Almunia, Bruselas recuerda que el criterio no ha variado desde la primera sentencia de 2001. La Comisión pidió entonces a las Haciendas vascas que reclamasen a las empresas beneficiarias el monto total de las ayudas. Además, cita jurisprudencia según la cual no había lugar a cuestionar, ya desde hace una década, su devolución íntegra.

Frente a la tesis de los abogados de las tres Haciendas, que han sostenido que mientras el caso siguiera vivo en los tribunales no había que devolver ni un euro, la Comisión argumenta que debieron hacerlo "sin dilación" desde el momento en que se declaró la ilicitud de las subvenciones. Bruselas precisa, citando jurisprudencia comunitaria que, a partir del fallo, las Diputaciones "están obligadas a adoptar todas las medidas adecuadas para poner fin al incumplimiento sin posibilidad de oponer obstáculo de ninguna clase".

Hasta que hace dos semanas Bizkaia decidió dar un giro a su trayectoria y anunciar que iba a reclamar el dinero a las empresas "una por una", las tres Haciendas habían ido de la mano en una estrategia que va a resultar cara para los ciudadanos. Las Administraciones no solo van a tener que pagar al menos una multa de 40 millones de euros, y quizás una segunda, -ambas impuestas por la UE-, sino también la factura de los abogados que les han estado defendiendo en este litigio durante 15 años, sin contar con la mala imagen ofrecida en Europa.

La Comisión no adjetiva la forma de proceder de las instituciones forales en todo este proceso, pero justifica la propuesta de sus multas describiendo las artimañas que, de forma paralela, han ido poniendo en marcha para rebajar la cantidad total del dinero a reclamar frente al criterio comunitario. El Ejecutivo comunitario critica que las Diputaciones han ido deduciendo ayudas para minimizar las devoluciones de las empresas, "sin que esas ayudas cumplieran los requisitos exigidos".

En segundo lugar, deplora que las haciendas forales hayan aplicado a ciertos beneficiarios "una deducción de hasta 100.000 euros" por un periodo de tres años "sin respetar las reglas" europeas que les afectaban en este caso.

En tercer lugar, apunta que las autoridades españolas -es decir, las instituciones forales en este caso- han aplicado retroactivamente deducciones tributarias previstas en las normas españolas sin que se cumplan todos los requisitos requeridos por la legislación nacional para aplicar tales deducciones. "O en su defecto, sin aportar documentación justificativa que permitiera a los servicios de la Comisión verificar que se cumplen tales requisitos", apostilla.

Y, finalmente, pone sobre la mesa que algunas de las ayudas no han sido abonadas por las empresas. "No todas las órdenes de pago emitidas han sido abonadas por los beneficiarios de las ayudas ilegales", apunta, citando en este caso preciso una orden de pago relativa a la devolución del crédito fiscal del 45% concedido como incentivo a alguna firma alavesa.