_
_
_
_
EL CONFLICTO DE LAS 'VACACIONES FISCALES'

Bruselas precisa que el 87% de las ayudas aún no han sido recuperadas

La Comisión acusa a las Diputaciones de desoír sistemáticamente sus decisiones

Pedro Gorospe

La Comisión Europea muestra un elevado grado de hartazgo respecto de la actitud de las Diputaciones en relación a las vacaciones fiscales, las ayudas forales a empresas en los años noventa que Europa ha declarado ilegales y cuya devolución por las firmas que las reibieron reclma. En el escrito que la Comisión ha remitido al Tribunal de Luxemburgo justificando la imposición de dos multas a las tres Haciendas forales, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Bruselas cuantifica el incumplimiento de las Diputaciones: del total de ayudas ilegales concedidas, tienen que recuperar aún el 87%.

Diez años después de la primera decisión europea, que consideró en 2001 esas ayudas como de Estado, y por tanto opuestas a la legisalción comunitaria, la Comisión limita las cantidades recuperadas a apenas el 13% y eso incluso "aceptando la lista de beneficiarios y los montantes de ayuda ilegal indicados por las autoridades españolas" a partir del año 2007.

La Comisión critica que se han aplicado rebajas a empresas improcedentes
El Tribunal de Luxemburgo recibe la argumentación sobre las multas

"En el caso de autos, España [las Diputaciones son representadas por el Estado] ha incumplido las obligaciones que le incumben para dar cumplimiento a las decisiones de 2001 y a la sentencia de 2006, al no haber recuperado todas las ayudas ilegales e incompatibles", recalca la Comisión en su escrito al Tribunal de Justicia de la UE.

Frente a la tesis de la Diputación de Bizkaia de que las multas y la exigencia de devolución responden a un ataque político del actual comisario de la competencia, el socialista Joaquín Almunia, Bruselas recuerda que el criterio no ha variado desde la primera sentencia de 2001. La Comisión pidió entonces a las Haciendas vascas que reclamasen a las empresas beneficiarias el monto total de las ayudas. Además, cita jurisprudencia según la cual no había lugar a cuestionar, ya desde hace una década, su devolución íntegra.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Frente a la tesis de los abogados de las tres Haciendas, que han sostenido que mientras el caso siguiera vivo en los tribunales no había que devolver ni un euro, la Comisión argumenta que debieron hacerlo "sin dilación" desde el momento en que se declaró la ilicitud de las subvenciones. Bruselas precisa, citando jurisprudencia comunitaria que, a partir del fallo, las Diputaciones "están obligadas a adoptar todas las medidas adecuadas para poner fin al incumplimiento sin posibilidad de oponer obstáculo de ninguna clase".

Hasta que hace dos semanas Bizkaia decidió dar un giro a su trayectoria y anunciar que iba a reclamar el dinero a las empresas "una por una", las tres Haciendas habían ido de la mano en una estrategia que va a resultar cara para los ciudadanos. Las Administraciones no solo van a tener que pagar al menos una multa de 40 millones de euros, y quizás una segunda, -ambas impuestas por la UE-, sino también la factura de los abogados que les han estado defendiendo en este litigio durante 15 años, sin contar con la mala imagen ofrecida en Europa.

La Comisión no adjetiva la forma de proceder de las instituciones forales en todo este proceso, pero justifica la propuesta de sus multas describiendo las artimañas que, de forma paralela, han ido poniendo en marcha para rebajar la cantidad total del dinero a reclamar frente al criterio comunitario. El Ejecutivo comunitario critica que las Diputaciones han ido deduciendo ayudas para minimizar las devoluciones de las empresas, "sin que esas ayudas cumplieran los requisitos exigidos".

En segundo lugar, deplora que las haciendas forales hayan aplicado a ciertos beneficiarios "una deducción de hasta 100.000 euros" por un periodo de tres años "sin respetar las reglas" europeas que les afectaban en este caso.

En tercer lugar, apunta que las autoridades españolas -es decir, las instituciones forales en este caso- han aplicado retroactivamente deducciones tributarias previstas en las normas españolas sin que se cumplan todos los requisitos requeridos por la legislación nacional para aplicar tales deducciones. "O en su defecto, sin aportar documentación justificativa que permitiera a los servicios de la Comisión verificar que se cumplen tales requisitos", apostilla.

Y, finalmente, pone sobre la mesa que algunas de las ayudas no han sido abonadas por las empresas. "No todas las órdenes de pago emitidas han sido abonadas por los beneficiarios de las ayudas ilegales", apunta, citando en este caso preciso una orden de pago relativa a la devolución del crédito fiscal del 45% concedido como incentivo a alguna firma alavesa.

El Tribunal de Luxemburgo, en la vista de febrero de 2008 en que las Diputaciones defendieron su capacidad fiscal.
El Tribunal de Luxemburgo, en la vista de febrero de 2008 en que las Diputaciones defendieron su capacidad fiscal.HORST WAGNER (EFE)

Una década de exigencias sin respuesta

En 2011, la Comisión Europea multó a las tres Diputaciones por el incumplimiento reiterado de sus sentencias y le pidió que recuperara con carácter inmediato la totalidad de las ayudas que había considerado ilegales. La primera multa asciende a 40 millones de euros. A partir de que se confirme la sanción, y si las Haciendas no han recuperado el dinero, empezará a contar la segunda sanción, una multa que se irá acumulando a razón de 266.000 euros diarios.

La multa es fruto del agotamiento. Bruselas llevaba una década pidiendo la devolución a las Haciendas vascas y estas, jugando al ratón y al gato. La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, predecesora de Joaquín Almunia en el cargo, ya elevó la voz en 2009 al asegurar que la recuperación de las ayudas concedidas a las empresas, a las que daban una "ventaja injusta sobre sus competidores", es "esencial para limitar los falseamientos de la competencia en el mercado único".

La Comisión se ha hartado de recordar a las Diputaciones que no pueden legislar de espaldas a Europa y que sus fallos son para cumplirlos. Fuentes de la Diputación de Bizkaia apuntan que la cifra que reclama a las tres instituciones se sitúa en 576 millones de euros, de ellos 63 a Bizkaia. El primer fallo data de 2001. La Comisión declaró entonces que los regímenes de ayudas fiscales que concedían una exención del Impuesto de Sociedades durante 10 años a las empresas de reciente creación en las tres provincias otorgaban una ventaja selectiva a ciertas empresas, y pidió a España que recuperara las ayudas. Eran las denominadas vacaciones fiscales.

En 2006, el Tribunal de Luxemburgo condenó a España por no haber recuperado estas ayudas desobedeciendo a la Comisión, y en 2007 abrió un nuevo procedimiento sancionador por este asunto que terminó con una nueva condena y exigencia de recuperar el dinero ya desembolsado. Fue a partir de este momento cuando las instituciones forales comenzaron a facilitar información a Europa, pero, según la descripción de la Comisión, a regañadientes y con toda clase de trucos para minimizar su impacto.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Pedro Gorospe
Corresponsal en el País Vasco cubre la actualidad política, social y económica. Licenciado en Ciencias de la Información por la UPV-EHU, perteneció a las redacciones de la nueva Gaceta del Norte, Deia, Gaur Express y como productor la televisión pública vasca EITB antes de llegar a EL PAÍS. Es autor del libro El inconformismo de Koldo Saratxaga.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_