Ugarte se declara víctima del mal funcionamiento de la Diputación

La portavoz de la Diputación guipuzcoana y titular del Departamento de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, atribuyó ayer a un mal funcionamiento de la institución foral que su nombre haya aparecido publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa como deudora de 5.664,43 euros que cobró "indebidamente" de la Renta de Garantía de Ingresos y ahora debe reintegrar, tal y como se limitó a difundir EL PAÍS el pasado sábado. Ugarte, acompañada por el diputado general, Martin Garitano, y el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, llegó a afirmar que si la Diputación le reclama por vía ejecutiva la devolución de una parte de la renta básica que no le correspondía es por "un problema de mala gestión de la administración" foral. "En la Diputación [de Gipuzkoa] tienen la mala costumbre de enviar dos notificaciones y si no se localiza a la persona lo sacan en el boletín", añadió la diputada para exculparse y, a la vez, criticar la actuación de la institución a la que representa en la actualidad. También admitió que al tomar posesión de su cargo, en junio pasado, no puso en conocimiento del consejo de diputados que tenían pendiente de resolver este asunto.

"Soy abogada y la primera interesada en recibir las notificaciones", dice

La portavoz foral compareció arropada por Garitano y Rodríguez para explicar, visiblemente afectada por el caso, que está siendo la diana de una campaña de "calumnias e injurias" hacia su persona, porque "me presentan como alguien que ha cometido un fraude" al cobrar la renta básica. La información publicada por este diario nunca puso en duda su derecho a percibir dicha prestación social y se ciñó a dejar constancia de que el Boletín Oficial de Gipuzkoa requirió a la portavoz de la Diputación el reintegro de "prestaciones indebidamente percibidas".

Ugarte explicó que pidió la renta básica en octubre de 2005, tras haber tenido a su primera hija en agosto de ese año y encontrarse su pareja en prisión, acusado de pertenencia a ETA. Esta circunstancia coincidió con la puesta en marcha de un despacho de abogados que no le aportaba "una entrada de ingresos suficientes" para sacar a la familia adelante. Confesó encontrarse "decepcionada y muy dolida" por tener que hablar de su "vida privada", aunque lo hizo por el "compromiso por la transparencia" que adoptó cuando Garitano le pidió formar parte de su equipo de diputados forales. Precisó que, inicialmente, el Departamento de Política Social le reclamó la devolución de 12.539 euros que había cobrado de más como beneficiaria de la renta básica entre 2006 y 2008, aunque ese montante se redujo a 5.664 euros tras aceptarse en parte el recurso que interpuso. Esta cantidad es la que ahora le reclama la Diputación vía boletín. La portavoz no ha satisfecho el pago de la misma, aunque aseguró que la abonará.

Todos estos detalles no los puso en conocimiento del consejo de diputados, según dijo, porque, pese a que todo su entorno "lo sabía", "tampoco notifico a la Diputación a qué escuela va mi hija y otras cosas de mi vida".

Según su versión, la "imposibilidad" que aduce la Administración foral para localizarle es "algo extraño", puesto que está "localizable todos los martes", día en que se sienta en el consejo de diputados semanal: "Yo soy abogada. Soy la primera interesada en recibir las notificaciones. Si me dejan una nota, siempre voy a Correos. No me escondo. Si no, no estaría aquí. Estoy localizable. Sé que si no recibo una notificación eso no va a quedar en agua de borrajas, porque conozco las leyes y los procedimientos".

Lo único cierto es que la Diputación no ha conseguido notificarle "por causas no imputables a esta Administración", dice el boletín. La ley vasca que regula la Renta de Garantía de Ingresos establece en su artículo 19 que los titulares de esta ayuda social están obligados a comunicar a la administración cualquier cambio en su situación económica y de domicilio.