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COLUMNA

Euskadi y sus jueces

El último viraje del caso Faisán puede ser cuestionable, si hacemos entrar en nuestra estimación las implicaciones políticas, pero por lo menos tiene la virtud de no cerrar puerta alguna al ejercicio de la justicia. La gravedad del caso no debía ser obstáculo para que en la investigación y en el procedimiento se llegara hasta el nivel de responsabilidad delictiva que fuese necesario, pero sí debe servir de exigencia a una instrucción en cuyo curso se agoten todas las posibilidades de indagación antes de procesar a los supuestos culpables.

Otra cosa hubiera sido seguir la senda propuesta por el fiscal Javier Zaragoza, que no deja de sorprendernos después de su intervención en el caso Garzón y de lo revelado por Wikileaks. Ahora iba a resultar que el chivatazo dado para impedir que los cobradores de ETA fuesen detenidos, podía ser un delito, pero no implicaba colaboración con el grupo terrorista. Como alegato de un defensor está bien, pero como propuesta de un fiscal, dada su dependencia institucional, semejante vía de escape solo serviría para fomentar la idea de que se trataba de cubrir a un Gobierno que, como ocurriera en el caso de la hospitalización de De Juana Chaos, estaba dispuesto a todo para mantener el "proceso de paz".

El victimismo de Otegi puede constituir el impulso al ascenso irresistible de la izquierda 'abertzale'

Lo cierto es que caso a caso, golpe a golpe, se suceden las interferencias en cuanto a las actuaciones judiciales sobre la situación política vasca, generando confusión y desprestigio. Más aun cuando los acontecimientos juzgados pertenecen a un tiempo distinto del actual, pero sobre los cuales no ha recaído ni debe recaer prescripción alguna, y cuya valoración parece entonces entrar en conflicto con las exigencias del presente. Es lo que reflejan las valoraciones de la sentencia sobre el caso Bateragune, insistiendo en que resulta negativa para el "irreversible" abandono de la "violencia" por ETA. Aunque así fuera, habría que decir que es inevitable, y por otra parte, el establecimiento de la verdad en este tema nunca daña, y menos aún cuando la sentencia refleja con precisión -con rótulo o no- la puesta en marcha del proceso de articulación entre ETA y Batasuna que ha tenido feliz desenlace transitorio en la legalización de Bildu y en el éxito electoral de mayo.

Hay un reproche en todo caso: la insistencia en hablar de "instrucciones de ETA", cuando las pruebas se han acumulado en el sentido de las sentencias precedentes, confirmadas en Estrasburgo, de que Batasuna -y por lo tanto, salvo a los ojos de la mayoría del Tribunal Constitucional la "izquierda abertzale", su prolongación clandestina- pertenece a ETA. Así que cuando el 16 de octubre de 2009 Arnaldo Otegi niega pertenecer a Bateragune, y se declara solo "militante de Batasuna", a la vista de la normativa y de la jurisprudencia entonces vigente, está confesando su pertenencia a ETA (otra cosa es lo que él pudiera pensar). No hace falta, pues, hablar de "instrucciones", sino de articulación dentro de un mismo entramado, según confirman documentos y actuaciones hasta la circular de Batasuna de enero de este año.

Tal vez por este orden en cuanto a iniciativas, Batasuna (o su sucesora en tiempos revueltos, la izquierda abertzale) han llevado a cabo un brillante ejercicio de natación sincronizada, si queremos una imagen plástica. Y para que la sincronización funcionase, dada la prioridad de la acción política desde 2009, se requería un órgano de coordinación. La apoyatura documental de la sentencia prueba con toda precisión los pasos y el sentido de ese mecanismo de ajuste a la nueva prioridad concedida por ETA a la acción política.

Hasta aquí el recorrido jurídico. El problema es que la sentencia llega en un momento político donde el victimismo del líder Otegi puede constituir ante las próximas elecciones un factor más de confusión y de impulso al ascenso irresistible de una izquierda abertzale que ya no tiene razón alguna para renegar de ETA (si es que tal fuera su deseo).

La experiencia histórica muestra que la liberación de los injustamente procesados, con Otegi convertido en paloma de la paz vasca enjaulada por España, juega como factor decisivo para que el voto adquiera un matiz plebiscitario. Y sobre todo es que la sentencia viene a poner en cuestión abiertamente la competencia del Tribunal Constitucional al legalizar a Bildu. No se ha enterado o no quiso enterarse. Hubiera sido mucho más razonable legalizar desde un primer momento a Sortu: por mucha desconfianza que inspirase, establecía en términos claros el rechazo a ETA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de septiembre de 2011