Consejo bajo sospecha

El Consejo de Radiotelevisión Española rectificó ayer la sorprendente decisión adoptada apenas 24 horas antes por la que sus miembros tendrían acceso al sistema de edición de noticias, lo que suponía arrogarse un derecho de vigilancia y, en último extremo, de censura previa sobre los contenidos de los informativos. La rectificación debe ser acogida con alivio. Lo que no hace, sin embargo, es disipar las sospechas acerca de la falta de idoneidad de los miembros de un Consejo que estaba dispuesto a limitar las libertades de prensa y expresión, aunque después se desdijera.

Una vez anunciada la rectificación, los partidos con representantes en el Consejo se han desentendido de la decisión inicial. Pero conviene recordar que ese acuerdo fue adoptado a propuesta de una consejera del PP y apoyada por los representantes de su grupo y por el de CiU. Los consejeros nombrados a propuesta del PSOE, ERC y CC OO se abstuvieron, y solo votaron en contra los de IU y UGT. Salvo estos últimos, el resto de los consejeros deben una explicación y, después, no habría que descartar la depuración de responsabilidades. Porque el Consejo está para velar por la independencia de la radio y la televisión públicas, no para servir de ejecutor de los ataques contra ella.

Uno de los pocos méritos indiscutibles de la gestión de Rodríguez Zapatero ha sido liberar a la radiotelevisión pública del control del Gobierno. Que los representantes del PP en el Consejo hayan pretendido alterar esta situación es un inquietante augurio para después del 20 de noviembre. Que se hayan abstenido los nombrados a propuesta del Partido Socialista, el mismo que aprobó la actual regulación de RTVE, es inexplicable. La vergüenza que parece haber embargado a populares y socialistas es signo de que los tiempos han cambiado. Ni los profesionales de la información ni los ciudadanos aceptan que la televisión pública sea de nuevo un baluarte gubernamental.