El Supremo declara al tribunal barcelonés "competente" para la venta de Cacaolat

Adelante, ahora ya definitivamente, con la venta de la unidad productiva de Cacaolat en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona. Si anteayer la Fiscalía del Tribunal Supremo apostó por que el futuro de la empresa de batidos se decida en la capital catalana, el pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo celebrado ayer por la mañana declaró que "no procede" la petición del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid para que el barcelonés se inhibiera a su favor. En una escueta nota, la oficina de comunicación del tribunal precisó que la sala primera "declara la competencia del Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona".

Esta semana ha comenzado la recta final de la venta de Cacaolat. El lunes pasado, el titular del juzgado de lo mercantil de Barcelona abrió los sobres de las cuatro compañías que aspiran a comprar la fábrica de la empresa de batidos. Son Capsa-Central Lechera Asturiana (que, con 48 millones de euros, es la que más ofrece), el Grupo Vichy, la alianza entre Damm-Cobega y Victory, y Roures Reengineering (integrada por exdirectivos de Cacaolat y en la que está también la empresa Maheso). Los administradores concursales tienen de plazo hasta el próximo viernes para emitir un informe sobre las cuatro ofertas y presentarlo al juez. Después, las partes podrán alegar y el juez elegirá las tres finalistas para que presenten contraofertas. La decisión final se conocerá durante la primera quincena de octubre.

En este último tramo del culebrón sobre el futuro de Cacaolat, pesaba sobre las partes (trabajadores y empresas candidatas) la inquietud sobre qué podía ocurrir si el Supremo decidía que la venta de la fábrica debía realizarse en el juzgado madrileño. Los empleados de Cacaolat y sus asesores legales se han mostrado convencidos desde el primer día de que tras la intención de que la venta de la firma se produjera en Madrid estaba la voluntad de que la compra sirviera para pagar la deuda de Clesa, que es propietaria del 95% de las acciones de Cacaolat y está en una situación financiera mucho más delicada.

La fabricante de Cacaolat, patentado en 1931 por el industrial Joan Viader, está atrapada desde marzo en el rosario de concursos de acreedores de Nueva Rumasa, el holding de la familia Ruiz-Mateos. La histórica firma de batidos pertenece accionarialmente a Clesa, que tiene el 95% de los títulos. La catalana es una de las empresas de Nueva Rumasa con mejor situación financiera y ha sido valorada en 75,6 millones.