El juez apartado en Figueres hizo crecer un 50% en 18 meses los casos sin revisar

Durante el casi año y medio que el juez inhabilitado de Figueres (Alt Empordà), Sergio Molina, estuvo al frente del Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad, los asuntos penales pendientes aumentaron un 50%. Ese es uno de los argumentos esgrimidos por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) para pedir el cese del abogado, que ejercía como sustituto.

El tribunal destacó también en el expediente una "importante disfunción": "el largo retraso del señor Molina en atender una diligencia de levantamiento de cadáver". También señaló las "quejas verbales" de algunos letrados al presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba. Precisamente, Lacaba solicitó en mayo a la Sala de Gobierno del TSJC que examinase el caso de Molina. Para ello presentó varias sentencias civiles dictadas por el juez y una copia de una inspección.

Las sentencias "ponen en evidencia unas resoluciones estereotipadas en su mayor extensión", en las que no se hace "ninguna valoración de la prueba practicada", apuntó la Sala del Gobierno del tribunal. En la inspección en el juzgado, se constató que Molina "no daba instrucciones al personal" sobre los asuntos penales "a no ser que fuera requerido para ello por el personal o la secretaria judicial", recogió el acta. Molina adujo en su defensa que nadie le comunicó "por correo de y manera fehaciente" los asuntos pendientes al dejar el juzgado y que ignoraba si era correcto el análisis del juez que le precedió.

Por todo lo anterior, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el 7 de septiembre el cese de Sergio Molina. Consideró acreditada su "falta de aptitud e idoneidad" para ejercer de juez como consecuencia de la falta "de conocimientos jurídicos teóricos y prácticos". Contra la decisión, Molina puede interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo.

Además, la fiscalía investiga el hallazgo de parte de un sumario en las oficinas de un burdel cuyos dueños estaban sometidos a escuchas telefónicas. Eso supone que los investigados podían estar al corriente de que les habían intervenido los móviles.