Inhabilitado un juez de Figueres por ser lento y no razonar sus fallos

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha inhabilitado a Sergio Molina como juez sustituto del Juzgado de Instrucción número 4 de Figueres (Alt Empordà). La decisión del tribunal, tomada el pasado 9 de septiembre, imposibilita para ejercer como juez sustituto a este abogado que ocupaba la plaza gerundense, según fuentes judiciales. Este periódico trató ayer, sin éxito, de obtener la versión del afectado.

"Se le ha cesado por tardanza en el dictado de sentencias y falta de motivación en las mismas", explicó el presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba. Molina acumulaba varias quejas relativas al funcionamiento del juzgado, según las mismas fuentes judiciales.

Se da la circunstancia de que, además, la fiscalía está investigando el hallazgo de los detalles de una operación que llevaba también el Juzgado número 4 de Figueres y que afectaba a un burdel de Roses: el Club Flamingo. Los teléfonos de las personas relacionadas con el prostíbulo estaban intervenidos. Como norma general, en estos casos se suele decretar el secreto de sumario, lo que supone que los implicados no saben qué investigaciones lleva a cabo a la policía. De esta forma, no se les previene y así los agentes pueden conocer los detalles de las presuntas actividades delictivas a través de las conversaciones que mantienen. En el registro de las oficinas del Club Flamingo efectuado el pasado mes de marzo se encontraron las providencias del juez que autorizaban las escuchas telefónicas, según fuentes cercanas al caso, lo que significa que las personas investigadas sabían que sus teléfonos estaban pinchados.

Fuentes de la fiscalía aseguran que los implicados estaban personados en la causa. Eso supone que pueden tener conocimiento de las resoluciones judiciales. El ministerio público está investigando si en su día no se decretó el secreto de sumario, que es fundamental para la investigación policial, y el contenido exacto de los documentos hallados por la policía en las oficinas del club."De demostrarse que se trata de una filtración de unas investigaciones secretas, sería constitutivo de un delito de revelación de secretos", explicó Lacaba. El magistrado, sin embargo, aseguró desconocer oficialmente el caso. La revelación de secretos cuando afecta a un funcionario público está penada con entre tres años y medio y cinco de prisión, lo que supone una pena efectiva de cárcel.

El Cuerpo Nacional de Policía inició las pesquisas relacionadas con el burdel Club Flamingo en septiembre del año pasado. Los agentes tuvieron conocimiento, por una denuncia de una menor de 17 años en Rumania, de que había sido obligada a ejercer la prostitución en dos clubes del Alt Empordà. Inicialmente, los agentes buscaban a una banda de rumanos que supuestamente se dedicaba a explotar a mujeres en España y a falsificar documentos.

En los registros que ya entonces llevaron a cabo en los locales, encontraron pruebas de que la menor había pasado por allí. En aquella primera fase de la investigación, la policía detuvo a los propietarios del Club Flamingo y del Up & Down, acusados de favorecer la inmigración ilegal, de un delito contra los derechos de los trabajadores y de otro relativo a la prostitución porque comprobaron que se quedaban con la mitad del dinero que ganaban las mujeres, lo que implica explotación.

En una segunda fase, desarrollada en marzo, los agentes descubrieron la implicación de una segunda menor, de 16 años, que presuntamente también había sido prostituida. La policía detuvo de nuevo a los propietarios de los clubes, a las mujeres que regentaban los burdeles y a porteros y personas encargadas de las chicas.

Fuentes jurídicas aseguran que la filtración de las diligencias podría hacer "inoperante" toda la operación. Policialmente, existe el temor de que, debido a un defecto de forma, el contenido de las escuchas se anulen en el juicio. La fiscalía está investigando también el alcance real que supuso para la investigación, si es que lo tuvo.