El Consell bajará los sueldos de los directivos de organismos públicos

Los elevados sueldos de los gestores de las empresas públicas de la Generalitat tienen los días contados si se cumple la promesa de la consejera portavoz, Lola Johnson, que ayer anunció que les bajará los sueldos y se establecerá un baremo sobre la base del salario del jefe del Consell, Alberto Fabra, que cobra 67.615 euros anuales.

Los escándalos generados por la difusión del sueldo de los gestores del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia y del director del aeropuerto de Castellón han obligado al Consell a acelerar el estudio que tenía previsto para homologar funciones y rebajar salarios.

En el Centro de Investigación Príncipe Felipe, tanto el director general, Rubén Moreno, como el gerente, Carlos Pérez Espuelas, cobran bastante más de 70.000 euros anuales. En el caso del gerente del centro Príncipe Felipe, el contrato consta de un anexo que le permite cobrar un bonus del 10% de su salario anual (otros 7.000 euros), que se completa con un complemento de casi 3.000 euros anuales para gasolina y el pago de su alojamiento en Valencia, sin que conste límite alguno en las condiciones autorizadas por el patronato del centro, que controla la Consejería de Sanidad. La citada fundación cuenta con patronos privados pero casi todos los fondos son aportados por la Generalitat.

Botella dice que el Consell ha dejado perder 500 millones del Gobierno central

En el aeropuerto de Castellón, el director general de la sociedad Aerocas, Juan García Salas, cobra más de 84.000 euros anuales, un elevado salario que justifica porque ejerce de director general y de director de vigilancia y control del contrato y obra de la instalación aeroportuaria.

Estos altos salarios, que se vienen abonando desde hace años, no son exclusivos de estas dos entidades del sector público de la Generalitat. Sin embargo, la opacidad de las fundaciones, organismos y empresas públicas, que se rigen por el derecho privado, dificulta saber qué cobran sus directivos pese a que el dinero proceda del erario público.

Johnson intentó ayer justificar los salarios pagados hasta ahora a los gestores y directivos del sector público, pero admitió que se revisarán a la baja dentro de la gran reorganización de la Administración pública valenciana que prepara el titular de Economía, Enrique Verdeguer.

Johnson insistió en que el Gobierno valenciano ultima nuevas medidas de reequilibrio, muchas de las cuales ya se pretenden aplicar en los presupuestos de la Generalitat de 2012. La portavoz insistió en que el Consell no reinstaurará el impuesto sobre el patrimonio, aunque no descartó otras medidas de carácter fiscal que no quiso especificar.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ana Botella, aseguró ayer que el Consell ha dejado perder en cuatro años un total de 500 millones de euros provenientes de la Administración central por rechazar convenios o incumplir su compromiso de cofinanciación. Botella puso como ejemplo la pérdida de 276 millones de euros para financiar el transporte metropolitano al rechazar convenios.