Condenado a casi seis años por verter residuos en el río Tordera

Durante diez años, arrojó vertidos contaminantes a un área protegida del río Tordera. Ahora, Pedro Martinell, propietario de una empresa dedicada a extraer piedras y gravas, ha sido condenado a cinco años y nueve meses de prisión por un delito contra el medio ambiente. La investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha permitido acreditar que el empresario contaminó "gravemente" la margen izquierda del río al arrojar allí aguas residuales que no habían sido tratadas y contenían "elevados porcentajes de sólidos en suspensión", según la sentencia.

Además de imponerle pena de prisión, la Audiencia de Barcelona condena a Martinell a pagar una multa de 9.000 euros y le inhabilita durante cuatro años y medio para dirigir actividades industriales. Su empresa, Àrids Sant Daniel, SL, nunca dispuso de autorización para arrojar aguas residuales y ha sido objeto de seis expedientes administrativos por los vertidos contaminantes. Algunos de esos expedientes acabaron en sanción, pero el empresario los desatendió. La sentencia considera probado que mantuvo esa actividad contaminante durante una década, entre 1998 y 2008.

La contaminación ha "degradado" de forma "grave" una zona protegida

Las aguas residuales llegaban, mediante un canal de desagüe, a la margen izquierda del río. Esos vertidos han provocado "una degradación de los valores de patrimonio natural" del Tordera, ya que han quedado depositados allí, "de forma artificial", fangos y otros materiales en una cantidad excesiva. La zona ha quedado seriamente dañada y su recuperación, admite el tribunal, se antoja difícil. Los vertidos no solo "impiden los afloramientos naturales del acuífero", sino que también han "ahogado" la vegetación típica de un área húmeda. Esta flora autóctonca ha sido sustituida "por plantas oportunistas impropias de dicho ecosistema", recoge la sentencia.

En el juicio, el empresario alegó que creía disponer de lo necesario para realizar los vertidos, ya que en su día adquirió los derechos de explotación de otra empresa. Pero, pese a las reiteradas advertencias de las Administraciones, mantuvo su actividad ilícita, con la agravante de que la zona afectada está declarada Espacio Natural Protegido e integrada en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) de Cataluña. El primer expediente se abrió en 1998 y concluyó con una multa de unos 9.000 euros. La última inspección de la Agencia Catalana del Agua (ACA) acabó con una orden de clausura que pudo ejecutarse con ayuda de los Mossos d'Esquadra en mayo de 2008.

La pena es elevada porque a Martinell se le atribuye un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en su tipo agravado: actuó de forma clandestina, sin licencia, desobedeciendo órdenes expresas y en un espacio natural protegido.