El plan de salvación económica de Gallardón naufraga en las Cortes

Septiembre es un mes arduo para las calculadoras y para aquellos que, en las Administraciones públicas, las usan para meter en vereda números ahora más que nunca ariscos. Septiembre es el mes en el que los Presupuestos del Estado, las comunidades y los Ayuntamientos para el próximo año comienzan a aterrizar sobre el papel, cartografiando la carestía de las arcas públicas y obligando a sus responsables a repartir el dinero y, sobre todo, su ausencia. Septiembre es el mes en el que empiezan a tomar forma los recortes que sufrirán los ciudadanos en 2012. Y septiembre no ha comenzado nada bien en Madrid.

El Ayuntamiento cerró 2010 con un déficit de 754 millones (un 0,6% del PIB), lo que le obligó a presentar ante el Gobierno central un plan económico-financiero y un plan de saneamiento en el que explicaba cómo aspira a cuadrar sus cuentas. El concejal de Hacienda, Juan Bravo, elaboró entonces un escenario para toda la legislatura que preveía reducir la deuda un 30% y ponerse al día en el pago a proveedores para 2015.

El PP intentó sacar adelante un cambio legal en el Senado y en el Congreso

Sin embargo, esas cuentas, presentadas a fines de junio, estaban supeditadas a que el Gobierno central diera su visto bueno a un cambio legislativo (para el que resultaba imprescindible el apoyo del PSOE), mediante el cual se permitiera a los Ayuntamientos refinanciar el pago de su deuda.

Fruto de inversiones como el soterramiento de la M-30, la construcción de Madrid Río o el traslado de la sede municipal al Palacio de Cibeles, Madrid acumulaba al cierre de 2010 una deuda de 6.453 millones, que debe amortizar anualmente. Así, el año que viene tendrá que devolver 577 millones a los inversores que le prestaron el dinero para esas obras. En 2013 serán 580 millones, en 2014 serán 578, y así hasta 2022.

El plan del Ayuntamiento pasaba por refinanciar parte de ese dinero, de forma que, en 2012, pudiera contar con 300 millones adicionales. Pero para eso debía sacar adelante el cambio legislativo.

Era tarea difícil, pues debía convencer a un Gobierno obsesionado no solo por reducir el déficit público, sino por transmitir a los mercados la sensación de que lo hace a destajo y sin pausa. Paradójicamente, solo el 6,3% de la deuda española es municipal, frente al 77% del Estado y el 13% de las Comunidades, que además sí pueden ambos refinanciarla.

Además, se enfrentaba a un problema de tiempos, ante la disolución anticipada de las Cortes. Primero lo intentó en el Senado, a través de una enmienda presentada en julio por el Grupo Popular al Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal. El PP esperaba contar además con el respaldo de CiU para sacar adelante la votación, toda vez que el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de los nacionalistas, atraviesa también dificultades económicas. Sin embargo, la enmienda no fue aceptada a trámite al considerarse su contenido -financiación local- muy alejando del de la ley enmendada -de naturaleza judicial-. Perdida su mejor baza, el PP lo intentó aún una vez más, en el Congreso y como enmienda a una norma relativa al Mercado de Valores. En esta ocasión no prosperó por la oposición del PSOE a lo que entiende como un relajamiento en su cruzada contra el endeudamiento público.

Así las cosas, los planes presentados por el Ayuntamiento en junio son ahora papel mojado, y deberá remozarlos y presentarlos de nuevo al Gobierno antes de final de año. Sin la posibilidad de refinanciar los pagos de la deuda, las nuevas cuentas municipales -que configurarán además los presupuestos de 2012- deberán incluir un fuerte ajuste, que se pretende equilibrar a partes iguales con un aumento en los ingresos previstos y un recorte adicional de gastos.

A falta de conocer las entregas a cuenta para 2012 (el dinero que le corresponde a Madrid de los impuestos estatales), el Ayuntamiento ya había previsto un ajuste del gasto corriente del 7%. En caso de no poder refinanciar su deuda, como a la postre ha sucedido, ese recorte podía ascender sobre el papel hasta un 15%, más de 500 millones, una cifra tan elevada que obligaría a tocar todas las partidas, incluido el gasto social.

Para evitarlo, el Gobierno local se afana ahora, calculadora en mano, en encontrar nuevas vías de ingresos que amortigüen al menos parcialmente el ajuste, con el objetivo declarado de que "el ciudadano no lo note".