El 'Ararteko' expedienta al Ayuntamiento de Vitoria por la mezquita de Zaramaga

El Ararteko ha abierto un expediente de oficio al Ayuntamiento de Vitoria para pedir cuentas por su actuación en la polémica en torno a la instalación de una mezquita del colectivo paquistaní en el barrio de Zaramaga, según fuentes oficiales. La institución dirigida por Iñigo Lamarca optó por tratar la cuestión tras mantener una reunión con representantes de los vecinos que rechazan su instalación en la calle Martín Olave, alegando que es demasiado estrecha, y la asociación paquistaní que quiere transformar una lonja en centro cultural que sería utilizado también para rezar.

Tras el encuentro, celebrado el pasado 20 de julio, el Ararteko optó por abrir expediente solicitándole al consistorio diversa información sobre su actuación. A comienzos de agosto, el gobierno local, encabezado por Javier Maroto (PP), pidió un aplazamiento para responder que vencerá este jueves, 15 de septiembre.

El colectivo paquistaní obtuvo todas las licencias pertinentes para instalar su proyecto en el local cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por el PSE. El PP hizo de estos temas una de sus banderas durante la campaña electoral del 22-M y prometió que quitarían la licencia si ganaban. Maroto después matizó esta promesa y se limitó a decir que la revisarían. Una de las asociaciones más beligerantes en la polémica, Zaramaga Iparralde, tenía entonces como portavoz al cabeza de lista por el PP en Ibarra (Guipúzcoa), Fernando Cuesta.

Tras ganar las elecciones, Maroto y su equipo buscaron un nuevo emplazamiento para el templo. Encontraron uno con aceras más anchas, los vestuarios del campo de fútbol de La Vitoriana, pero otro colectivo de vecinos se alzó contra el proyecto y el gobierno local ha optado por desechar también esta opción. "Comparto, comprendo respeto y respaldo a los vecinos de Zaramaga. Creo que tienen la razón", afirmó Maroto el pasado jueves, pidiendo un plazo de un mes para resolver el conflicto.

Los demás partidos con representación municipal (PSE, PNV y Bildu), consideran "xenófoba" la actitud del Gobierno local.

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